“Un príncipe nunca carece de razones legítimas para faltar a su palabra”.
Nicolás Maquiavelo, El príncipe.
Maquiavelo escribió estas palabras hace cinco siglos, pero basta mirar la política de hoy para darse cuenta de que algunas cosas no han cambiado demasiado. En campaña abundan las promesas, las soluciones que parecen sencillas y las cifras que suenan convincentes. Todos aseguran que esta vez será diferente. El problema viene después, cuando hay que gobernar, las promesas chocan con la realidad y empiezan a aparecer las explicaciones.
José Antonio Kast hizo de la seguridad una promesa de campaña. No era un asunto secundario: fue una de las razones por las que miles de chilenos confiaron en él. Había que recuperar el orden, controlar las fronteras, endurecer las penas y terminar con la sensación de que los delincuentes podían hacer lo que quisieran. El mensaje era sencillo y contundente: con Kast, las cosas iban a cambiar.
Empecemos por la inmigración, porque ahí apareció una de las primeras señales de distancia entre el candidato y el Presidente.
Durante la campaña, Kast habló de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares y llegó a prometer que comenzarían a irse desde el primer día de su gobierno. La cifra era impactante, de esas que se recuerdan y se repiten. Pero una vez instalado en La Moneda, cuando tuvo que explicar cómo cumpliría semejante promesa, dijo que se trataba de una “ metáfora”. Después habló de una “hipérbole”.
Curioso. Cuando necesitaba los votos, la cifra parecía muy concreta. Cuando llegó el momento de responder por ella, se convirtió en una figura literaria.
Nadie puede pretender que un problema migratorio de esta magnitud se resuelva de un día para otro. Tampoco se puede desconocer la obligación del Estado de controlar sus fronteras y hacer cumplir la ley. Pero una cosa es reconocer las dificultades y otra muy distinta es ofrecer una solución espectacular durante la campaña para después explicar que, en realidad, no había que entenderla literalmente.
La política tiene esas cosas. Las promesas suelen ser categóricas cuando se busca el voto y bastante más matizadas cuando hay que gobernar. El problema es que Kast no llegó a La Moneda prometiendo matices. Llegó prometiendo mano firme.
Y es precisamente en seguridad donde la distancia entre el discurso y los hechos se ha vuelto mucho más difícil de explicar.
La controversia por las rebajas de condenas concedidas desde el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, ha puesto al gobierno frente a una situación incómoda.
Se conocieron beneficios para condenados por delitos sexuales contra menores de edad y también casos vinculados a violaciones de derechos humanos. Son situaciones distintas, con antecedentes jurídicos que deben revisarse individualmente, pero todas plantean una pregunta que el Ejecutivo no puede esquivar: ¿qué significa poner a las víctimas primero cuando las decisiones del propio gobierno terminan provocando semejante controversia?
No es una discusión académica. Detrás de esos expedientes hay personas que sufrieron delitos gravísimos y familias que llevan años tratando de reconstruir sus vidas. Para ellas, escuchar que el Estado les falló no debe ser precisamente un consuelo. Menos todavía si, después de reconocer el problema, el gobierno mantiene en su puesto al ministro cuya cartera tomó las decisiones cuestionadas.
Kast admitió que lo ocurrido era grave y doloroso. Reconoció que el Estado les había fallado a las víctimas. Sin embargo, decidió respaldar a Rabat y dejarlo al frente de las correcciones.
Aquí conviene detenerse un momento. El Presidente tiene derecho a defender a sus ministros, por supuesto. También puede sostener que las decisiones se adoptaron conforme a una determinada interpretación de la ley y que el camino correcto es revisar los procedimientos. Pero eso no elimina la responsabilidad política. Una cosa es determinar si un decreto se ajusta a derecho y otra es evaluar si la autoridad que lo firmó debe seguir ejerciendo el cargo.
Ambas discusiones pueden darse al mismo tiempo. No hay ninguna razón para que una anule a la otra.
Lo que cuesta entender es que un gobierno que hizo de la seguridad su principal bandera parezca tan poco dispuesto a asumir el costo político de una decisión que ha terminado golpeándolo precisamente en ese terreno. Si la situación es tan grave como reconoce el propio Presidente, ¿por qué la continuidad del ministro parece estar fuera de discusión?
Y hay otro antecedente que vuelve todo esto todavía más delicado: los condenados por narcotráfico que recibieron rebajas de sus penas. En uno de esos casos, la historia tuvo una continuación que parece escrita para poner a prueba la credibilidad del discurso oficial.
Edixon Escobar García, ciudadano venezolano condenado por tráfico de drogas, recibió una rebaja de seis meses de su condena mediante un decreto firmado por Rabat el 30 de abril de 2026. Tras recuperar la libertad, volvió a ser detenido por tráfico de drogas. El 30 de octubre, el Juzgado de Garantía de Arica decretó su prisión preventiva en el marco de la nueva investigación.
Uno puede discutir los criterios para conceder beneficios penitenciarios. Puede debatir sobre la reinserción, la proporcionalidad de las penas y la aplicación de la ley. Lo que resulta difícil de explicar es cómo una administración que llegó prometiendo combatir el narcotráfico debe dar cuenta ahora de decisiones que adelantaron la salida de condenados por ese delito, en un contexto en que uno de ellos volvió a ser detenido.
Y las víctimas? ¿Y las familias que viven pendientes de que sus hijos no caigan en las redes del narcotráfico? ¿Qué les dice el gobierno cuando el discurso de mano dura se encuentra con una decisión de su propio Ministerio de Justicia?
Hay un dato electoral que también merece recordarse, aunque sin sacar conclusiones que no permite. En las elecciones presidenciales de noviembre de 2025, Kast obtuvo la primera mayoría en 11 de los 17 recintos penitenciarios donde hubo votación. En total participaron 623 internos, según los datos del Servel. No significa que todos los presos piensen igual ni que ese resultado permita explicar sus motivaciones. Pero la paradoja está ahí: el candidato que hizo de la mano dura una de sus principales credenciales fue también el más votado en buena parte de las cárceles donde se sufragó.
No es una crítica a quienes votaron. Es una imagen que ayuda a entender hasta qué punto las promesas electorales pueden construir expectativas que después el gobierno tiene que sostener con hechos.
Porque la seguridad no se reduce a poner más policías en las calles, anunciar nuevas cárceles o endurecer el tono frente a los delincuentes. Todo eso puede formar parte de una política pública, pero no reemplaza la coherencia. Si se promete que las víctimas estarán primero, las decisiones del Estado deben reflejarlo. Si se anuncia una política de tolerancia frente al narcotráfico, el gobierno debe explicar por qué se adoptaron decisiones que adelantaron la salida de condenados por ese delito.
Y si el Presidente considera que su ministro actuó correctamente, tendrá que explicar por qué. Si cree que hubo errores, deberá establecer quiénes fueron responsables y qué consecuencias tendrán. Lo que no puede hacer es reconocer que el Estado les falló a las víctimas y esperar que la controversia se cierre con una declaración.
Hasta ahora, Kast ha optado por mantener a Rabat en el cargo. Esa decisión también le pertenece. El ministro no es una autoridad ajena a su gobierno ni alguien a quien el Presidente no pueda pedirle cuentas. Lo nombró, lo mantiene y ha decidido respaldarlo. Por lo tanto, la responsabilidad política no termina en el despacho de Justicia: llega hasta La Moneda.
Y eso nos devuelve al principio. Kast construyó su candidatura sobre la idea de que Chile necesitaba recuperar el control. En inmigración, una promesa de 300 mil expulsiones terminó convertida en una metáfora. En seguridad, la controversia por las rebajas de condenas y el caso del narcotraficante detenido nuevamente ponen en cuestión la coherencia de su discurso. En ambos casos, el Presidente debe responder por algo más que sus palabras.
Thomas Hobbes escribió hace siglos que los pactos sin fuerza para hacerlos cumplir no son más que palabras. La frase no significa que el Estado deba actuar sin límites ni que la fuerza esté por encima de la ley. Significa que la autoridad pierde sentido cuando no es capaz de respaldar sus compromisos con acciones concretas.
Y esa es justamente la prueba que enfrenta Kast. No basta con anunciar expulsiones masivas y después explicar que se hablaba en sentido figurado. Tampoco basta con prometer mano dura mientras el gobierno se ve obligado a explicar rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos graves.
La política puede sobrevivir a una promesa incumplida. Lo que cuesta mucho más recuperar es la confianza cuando la realidad empieza a contradecir aquello que se presentó como una certeza.
Kast suele repetir una frase para transmitir tranquilidad: “¿Todo va a estar bien?”. La pregunta, en su caso, tiene algo de muletilla, de manera de cerrar una conversación y dejar la impresión de que los problemas terminarán resolviéndose por arte de magia.
Pero no todo se arregla con una frase tranquilizadora. Las víctimas necesitan respuestas, las familias necesitan seguridad y la ciudadanía tiene derecho a saber por qué el gobierno tomó determinadas decisiones y quién debe responder por ellas.
El Presidente puede seguir respaldando a Rabat. Es su facultad. Pero no puede pedir que ese respaldo se interprete como si no tuviera consecuencias, ni pretender que la promesa de seguridad quede a salvo de las decisiones de su propia administración.
Al final, la pregunta ya no es si todo va a estar bien. La pregunta es qué está haciendo el gobierno para que eso ocurra y si está dispuesto a asumir los costos cuando sus decisiones no se corresponden con lo que prometió.
Porque gobernar no es repetir que todo va a estar bien. Es hacerse responsable cuando las cosas salen mal.
