La Cámara Alta desestimó la solicitud de 72 horas presentada por el mandatario y le otorgó un plazo de 30 minutos para presentar su defensa tras la crisis provocada por la intervención de Ueno Bank.
El Senado de Paraguay rechazó este viernes la solicitud de prórroga de 72 horas presentada por el presidente Santiago Peña para preparar su defensa en el juicio político impulsado en su contra. En una votación de la Cámara Alta, la corporación negó la postergación solicitada y emplazó al jefe de Estado a comparecer ante el pleno en un plazo de 30 minutos.
El reclamo del mandatario se concretó luego de que la noche del jueves recibiera la notificación formal para formular sus descargos. A través de una carta enviada al presidente del Congreso, el oficialista Basilio «Bachi» Núñez, y difundida en la red social X, Peña argumentó que la citación fue entregada a las 22:15 horas del 5 de noviembre junto a un «libelo acusatorio de 15 páginas y los anexos con unas 300 fojas».
Ante la inminencia del procedimiento, el gobernante cuestionó los tiempos otorgados por el Parlamento y sostuvo que «resulta insuficiente un plazo inferior a doce horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho». En el mismo texto, Peña enfatizó que «Al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido proceso, entre ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa».
Pese a los cuestionamientos a la celeridad parlamentaria, el jefe de Estado afirmó que se presentará ante el Congreso. «Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles», remarcó el mandatario en la plataforma digital.
La sesión senatorial derivó en un cuarto intermedio de 30 minutos dispuesto por el titular de la Cámara, Basilio Núñez, a la espera de la llegada de Peña junto a su equipo de abogados. El propio titular del Congreso confirmó a diversos medios de comunicación que se cuenta con los votos necesarios para avanzar en la destitución del mandatario mediante una votación unánime, asegurando además que se otorgará al gobernante el tiempo que requiera durante la jornada para exponer sus argumentos.
El juicio político contra Peña se desencadenó por la causal de mal desempeño de sus funciones, luego de que saliera a la luz su vinculación accionaria con Ueno Holding mientras ejercía la primera magistratura. La controversia se agudizó tras la decisión del Banco Central de Paraguay (BCP) de ordenar el cierre o proceso de resolución de Ueno Bank, entidad que administraba recursos de aproximadamente 2,9 a 3 millones de clientes, equivalentes a casi la mitad de la población del país.
De acuerdo con los informes del órgano regulador, el índice de solvencia de la firma bancaria cayó por debajo del 50% del mínimo legal requerido producto de reajustes aplicados en sus estados financieros durante la fase de regularización. La institución financiera había recibido millonarias transferencias de organismos públicos durante el ejercicio de la actual administración gubernamental.
Aunque el Mandatario formalizó previamente su dimisión al cargo, la solicitud de renuncia no fue aceptada por el Congreso en medio del debate para iniciar el juzgamiento político. La continuidad del proceso resulta determinante en el plano jurídico paraguayo, dado que el artículo 189 de la Constitución establece que los expresidentes electos democráticamente se convierten en senadores vitalicios con fueros parlamentarios, a excepción de aquellos que hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables por el Poder Legislativo.
