Los abogados de la parlamentaria acusaron incumplimientos a la orden fijada por la Corte Suprema y solicitaron transparentar la nómina de funcionarios con acceso a los computadores y dispositivos incautados en el marco del caso Cuota Flores.
Una intensa pugna legal se libra entre la defensa de la senadora Camila Flores y el Ministerio Público en torno al resguardo y la revisión de la información almacenada en sus equipos personales e institucionales. En el marco de la investigación penal denominada Cuota Flores, en la que se persigue un eventual fraude al fisco por presunta desviación de asignaciones parlamentarias, los abogados Samuel Donoso y Luis Masferrer acudieron al Juzgado de Garantía de Valparaíso para exigir el cumplimiento estricto de las restricciones impuestas al acceso de las casillas de correo y mensajería privada de la congresista.
La arremetida de los representantes de la parlamentaria apunta a que el organismo persecutor no ha acatado a cabalidad lo resuelto por la Corte Suprema el pasado 25 de septiembre. En aquella resolución, el máximo tribunal prohibió la utilización de antecedentes anteriores a la primera elección de Flores como diputada, instruyó la identificación de todos los funcionarios autorizados para revisar el material y dispuso la destrucción definitiva de las copias de información que carezcan de valor para las indagaciones penales. La incautación llevada a cabo por la policía abarcó su teléfono celular, sus computadores personal e institucional, un computador portátil, un teléfono iPhone, dos dispositivos con el respaldo total de sus correos electrónicos y otros ocho soportes de almacenamiento digital.
A través de un escrito presentado ante el tribunal porteño, los abogados defensores argumentaron que los informes preventivos de resguardo comunicados por el Ministerio Público «no satisfacen lo ordenado» por la máxima instancia judicial. Según sostiene la presentación de la defensa, el reporte entregado por los persecutores «no indica dónde están hoy los dispositivos ni quién mantiene las copias forenses», advirtiendo además que la custodia no se ha mantenido «únicamente» en manos de la Fiscalía, dado que efectivos del departamento OS9 de Carabineros aún conservan acceso a los archivos incautados.
Frente a estas irregularidades denunciadas, la defensa solicitó formalmente la entrega de un registro detallado que identifique a la totalidad de fiscales, abogados asistentes, analistas, peritos y personal policial que hayan tomado contacto con los datos extraídos. Junto con pedir que todo el material en poder del OS9 sea remitido a la custodia exclusiva del Ministerio Público, los abogados demandaron ser informados «con a lo menos tres días hábiles de anticipación, el día y lugar de la eliminación, para que pueda presenciarla por sí o por medio de un perito de su confianza» al momento de borrar los antecedentes que no posean interés criminalístico.
Tras recepcionar la solicitud de los representantes de la senadora, el Juzgado de Garantía de Valparaíso determinó que las peticiones y los eventuales incumplimientos de las medidas de resguardo serán debatidos en una audiencia de cautela de garantías fijada para el próximo 25 de noviembre.
