No son ni los simples errores del gobierno de Kast, ni sólo la inercia de políticas incompetentes de gobiernos anteriores lo que determina el mal momento institucional que vive el país. Un simple análisis de las últimas dos décadas de la política nacional indica que hay aspectos buenos y malos en la gestión de gobierno durante todo ese tiempo.
La continuidad democrática con persistente percepción de crisis se debe más bien al agotamiento del centralismo burocrático de la política, y su incapacidad de adaptarse a los desafíos de la complejidad y velocidad de la realidad actual. Es notorio en todo el espectro político que el reemplazo de liderazgos sigue solo las reglas de la biología, pero con un alto deterioro de la calidad intelectual de los emergentes. Lo mismo en el gobierno que en la conducción de los partidos políticos
Sin un debate serio sobre la representación política y su crisis de calidad, parece impensable que se reordene el rol institucional del Poder Legislativo y menos aún sacar a los partidos del juego de mayorías precarias, leyes mal fundadas y el clima de beligerancia política. Esto, que hace casi inevitable el vacío de imaginación política ya es inercia, lo cual es uno de los peores problemas a enfrentar.
Es país tiene fundamentos materiales y un soberano con solidez y suficiente experiencia social para repensar su rehabilitación institucional, más allá de sus debilidades manifiestas o elementos de volatilidad doctrinaria.
En los resquicios que quedan, sería posible encontrar un punto de apoyo institucional y de doctrina democrática para generar un marco de acción que garantice el espíritu civilizatorio de las leyes y la confianza ciudadana. Lo que tiene más de acuerdo político transversal y menos de programa doctrinario de gobierno para producir gobernanza y desechar la lógica amigo/enemigo con la que la mediocridad política ejerce el poder.
El mejor ámbito y de más fácil encuadre es, en mi opinión, enfocar el acuerdo primigenio en una reforma del Poder Judicial, profunda y ética. Toda la política, si no persigue fines aviesos, concurriría por igual al goce de los beneficios que de ello derivará. Pues, como se sostiene en doctrina, incluso la visión más minimalista de las funciones del Estado siempre incluye servicios de guerra, policía y justicia. Fijar el marco es problema de la Política
La esencia de la seguridad para Chile hoy es la reforma del Poder Judicial.
Tal como ocurre con la democracia, la libertad, la igualdad o el bienestar, la justicia en general es un fin social que, al igual que los otros, se supone es querida por todos. Pero, los primeros mencionados son más bien descriptivos, mientras que la justicia es un principio normativo de la sociedad, cuya manifestación es orgánica y de especialidad. Que, aunque de origen indirecto y mixto, es un poder igual al Ejecutivo y al Legislativo, que opera como contrapeso frente a ellos y cuya principal tarea es juzgar, es decir, producir justicia aplicando la ley para lo cual tiene imperio (obligatoriedad). Solo quienes viven en la injusticia o actúan en contra de ella no querrían hacerlo.
Como judicatura ella no depende solo de lo que hace un juez en su sala o corte, sino también de otras decisiones de carácter jurisdiccional emitidas por organismos no judiciales según sus competencias. Por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero CMF, el Servicio de Impuestos Internos SII o la Tesorería General de la República. Decisiones que el juez usa como fe pública en su sala judicial para dar soporte a la aplicación de la ley, generalmente certificaciones regulatorias o de control.
La crisis actual del PJUD en Chile ha develado que esa sala judicial ha sido corroída durante años por intrusiones perversas del sistema político vía intermediarios que operan sobre todo el sistema judicial, tanto en aspectos políticos, regulatorios y legislativos, y desde consolidados estudios jurídicos. Arman la designación de jueces que quedan cautivos de sus promotores; capturan a los reguladores importantes para las salas judiciales; capturan al propio aparato administrativo del PJUD para disponer de la posibilidad de distribuir causas a salas predeterminadas.
Los escándalos conocidos en todos estos años tienen su origen mayoritario en la corrupción del sistema de justicia, sea civil o penal, hasta el punto de contarse por decenas la cantidad de jueces desvinculados por corrupción, lo que incluye fiscales del Ministerio Público y funcionarios de las más altas esferas de gobierno.
En ello radica la desconfianza generalizada de la ciudadanía en la justicia, y la anomia institucional que lo aflige, nutridas de manera constantes en la ambigüedad, confusión y debilidad de la elite de intentar ver una solución más allá del uso de la fuerza. Algo que ha minado la autoridad del Estado mucho más que los malos gobiernos.
En enero de 2026, según actas del Consejo Superior de la CAPJ, la presidenta de la Corte Suprema sostuvo que las críticas que se le hacen al PJUD se deben a una campaña difamatoria de su imagen. Pero los hechos hablan por sí solos. Desde la manipulación vía remota de un expedientes digital sobre un delito falta del expresidente Gabriel Boric siendo aun candidato, hasta la manipulación de la Quiebra de Curauma S.A. en la designación de tribunal y síndico judicializado hasta penalmente luego de 12 años; créditos irregulares no controlados por la CMF en juicio de quiebra; Insolvencia Transfronteriza de Latam con lesión a pequeños inversores; numerosas inscripciones ilegales de camiones ordenada por un tribunal civil; descontrol de fondos de AFP usados en empresas de juegos de azar, Caso Codelco y pago a empresa bielorrusa…la lista podría ser interminable.
El sentido común que parece predominar en la elite es que esos hechos serían fragmentarios, y nada que no pueda solucionar otra buena ley. Que no corresponde ni justicia reparatoria ni rectificatoria y casi como si la búsqueda de satisfacción por los daños recibidos del propio Estado el delito y la impunidad de sus poderes el acto de sanación pública.
Conviene recordar sobre estos temas a Montesquieu. Dice enfáticamente que una ciudad débil corre el peligro que al ser conquistada por fuerza externa, – que yo pienso puede ser el crimen organizado o una potencia extranjera- pierda los poderes de decidir y de ejecutar, y con ello toda otra propiedad del hombre. Sostiene que “En cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes, y el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil. Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. (El Espíritu de las Leyes XI, Cap. VI).
