Una investigación periodística identificó a 13 extranjeros sentenciados por tráfico de drogas en la frontera norte que recibieron reducciones de sus condenas durante la actual administración, incluyendo a un condenado ligado al traslado de más de una tonelada de sustancias.
Un nuevo flanco de controversia remece al Ministerio de Justicia tras revelarse que los decretos de reducción de condenas otorgados durante el gobierno del presidente José Antonio Kast beneficiaron a al menos 13 ciudadanos extranjeros condenados por tráfico de drogas en la frontera norte del país. La situación se suma a los cuestionamientos previos por las rebajas aplicadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
De acuerdo con un reportaje del medio Interferencia, la revisión de 150 decretos de rebaja de penas dirigidos a extranjeros permitió constatar que 115 de ellos correspondieron a personas sentenciadas por delitos vinculados a la Ley de Drogas. Entre los 13 casos asociados a la zona norte figuran ocho ciudadanos de nacionalidad boliviana, tres venezolanos, un colombiano y una argentina, de los cuales cinco registraban en sus condenas el ingreso a territorio nacional por pasos no habilitados.
Los decretos cuestionados apelan de manera recurrente a un argumento basado en pronunciamientos judiciales, donde se sostiene que el Ministerio de Justicia «no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido».
Entre los casos expuestos destaca el de Jhoel Ramos Antesana, ciudadano boliviano detenido en julio de 2021 en la comuna de Pica, región de Tarapacá, mientras actuaba como «punta de lanza» en un vehículo para el traslado de una tonelada de droga, compuesta por 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base. Tras ser condenado a cinco años y un día de presidio, un decreto firmado el 12 de mayo de este año le perdonó tres meses de pena, haciendo efectiva su salida dos días después.
La nómina incluye también al ciudadano colombiano Fredy Orlas Heredia, sentenciado por el tráfico de 52 kilos de pasta base de cocaína. A pesar de que informes de Gendarmería advertían en su ficha un «nivel de riesgo de reincidencia alto» y de que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta le denegó por unanimidad la libertad condicional en 2025, el 1 de junio el entonces subsecretario Luis Silva, en calidad de ministro subrogante, firmó un decreto que le restó seis meses de condena.
En la misma línea se encuentra el caso del venezolano José Luis Liscano Bermúdez, arrestado en 2021 con 32,7 kilos de ketamina en las inmediaciones de Colchane junto a Víctor Mora Araya. Pese a tener dos solicitudes de pena mixta rechazadas en 2024 y 2025, el ministro Fernando Rabat le otorgó una rebaja de condena el 10 de abril mediante decreto, medida que también benefició a su acompañante y que mantiene a ambos actualmente en libertad.
A ellos se agrega el ciudadano boliviano Wilber Tenajas Orellana, capturado en 2022 tras ingresar por un paso no habilitado con 291,5 kilos de marihuana. Mediante una resolución suscrita en septiembre por el subsecretario Silva, se le redujeron siete meses de presidio, adelantando el término de su pena desde abril de 2027 a septiembre de 2026.
Estas revelaciones amplían la crisis que enfrenta la cartera de Justicia, luego de que saliera a la luz la entrega de beneficios a 56 personas condenadas por abusos sexuales contra menores, universo en el que se ha logrado identificar a 33 beneficiados que hoy están libres y sin que sus víctimas hayan sido notificadas.
