TOLERAR AL INTOLERANTE: PUNTA PEUCO, RABAT Y LA ANTESALA QUE SOSPECHAMOS
La tolerancia deja de ser virtud cuando se convierte en la coartada de quienes niegan la tolerancia.
Escribo esto como sospecha, y quiero decirlo desde la primera línea. No afirmo que Kast haya decidido liberar a los condenados de Punta Peuco. Afirmo algo más modesto y, creo, más difícil de refutar: que la suma de señales del presidente y de su ministro de Justicia, Fernando Rabat, empuja en esa dirección, que el país tiene derecho a preguntar y que el Gobierno tiene la obligación de responder con claridad.
Soy partidista en esta materia, y no lo escondo. Pienso que la memoria de las víctimas de la dictadura no es un asunto de «ambos lados», y que quienes fuimos formados en la idea de que el «nunca más» era un acuerdo nacional tenemos hoy una responsabilidad particular.
1. LO QUE SE SABE
Separo los hechos de mi lectura. Los hechos, según la prensa que he revisado:
– En julio de 2025, siendo candidato, Kast no descartó indultar a presos de Punta Peuco, y dijo que había que analizar cada caso en su mérito (BioBioChile).
– En marzo de 2026, ya como presidente, según Interferencia, confirmó que aplicaría indultos y no descartó beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos.
– En mayo de 2026 afirmó que no había prometido indultos «absolutos» y criticó la mezcla de población penal en Punta Peuco (BioBioChile). En junio, según el titular de Meganoticias, abrió la puerta a revertir el cambio y que el penal vuelva a ser exclusivo para exuniformados: «estamos ordenándolo».
– Según CNN Chile, 22 condenados de Punta Peuco presentaron formalmente solicitudes de indulto al Ministerio de Justicia. Su abogada dijo que todas son conmutativas, es decir, piden reducir la pena, no anularla. El Gobierno ha dicho que hasta ahora nadie ha sido indultado y que estudiará caso a caso.
– El 22 de octubre, Interferencia informó que el Ministerio de Justicia concedió rebajas de condena a dos reclusos de Punta Peuco condenados por secuestro y tortura. Rabat confirmó después que firmó esas rebajas (La Tercera) y que se trata de «dos o tres casos de un universo bastante más grande».
Que cada uno juzgue. A mí me parece que esos datos no prueban un plan. Pero tampoco describen un Gobierno indiferente a la suerte de los condenados por crímenes de lesa humanidad.
2. LO QUE HA HECHO RABAT
La sospecha se afirma cuando se mira lo que ha hecho el ministro de Justicia. Según la investigación de Interferencia que recoge Pauta, entre marzo y septiembre el Ministerio aprobó 56 rebajas de condena a condenados por delitos sexuales: 27 por abuso sexual infantil y 29 por violación. Rabat las defendió con un argumento jurídico: la reforma de febrero de 2022, que excluyó de beneficios a ciertos condenados por delitos sexuales contra menores, no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de quienes cometieron los delitos antes de su vigencia.
Ese argumento merece ser escuchado, y quiero ser justo con él. Es el principio de que la ley penal más gravosa no se aplica hacia atrás, y el ministro dice que sigue la doctrina de la Corte Suprema. También dijo que estos beneficios se han concedido bajo gobiernos de distintos sectores en las últimas dos décadas. Y, tras la polémica, el Gobierno anunció que respaldará proyectos para restringir estas rebajas y que presentará uno propio, para que los requisitos se evalúen con la ley vigente al momento de la solicitud.
Reconocido eso, quedan al menos cuatro razones para que la sospecha no se disipe:
– Escala y ritmo: 56 rebajas a condenados por violación y abuso sexual infantil en seis meses no son una anécdota. Un ministro que interpreta la ley de la forma más favorable al condenado, una y otra vez, está haciendo política, aunque diga que solo cumple sentencias.
– La puerta de los derechos humanos: Rabat sostuvo que el Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede excluir a estas personas de beneficios legales sin una norma expresa, y habló de «dos o tres casos de un universo bastante más grande». Ese razonamiento, si se generaliza, sirve igual para cualquier condenado de Punta Peuco. Si hoy son dos, la pregunta es cuántos serán mañana.
– La firma: los decretos llevan la fórmula «por orden del Presidente». Rabat dijo que Kast no estaba en conocimiento y que esa fórmula es un tecnicismo de la delegación de facultades. Puede ser cierto. Pero un presidente que desconoce decisiones tan sensibles en su propio gabinete, y que según la prensa acepta el costo político de respaldar a su ministro, deja una pregunta abierta sobre quién gobierna esa política.
– Una secuencia coherente: indultos que no se descartan, un penal que se «ordena» para exuniformados, 22 solicitudes de conmutación, rebajas a presos por tortura y secuestro, rebajas masivas a condenados por delitos sexuales. Cada pieza admite una explicación técnica. Juntas dibujan una dirección, y eso es lo que sospecho: que las rebajas son la antesala de algo mayor, una reducción o conmutación de penas a condenados de lesa humanidad que hoy se evita nombrar.
Repito la prudencia: es una sospecha, no una acusación. Quien tiene el poder de desmentirla es el propio Gobierno, con hechos.
3. LA RAZÓN HUMANITARIA, QUE HAY QUE TOMAR EN SERIO
Antes de seguir, el mejor argumento del otro lado, porque merece respeto. Muchos de los reclusos son personas muy mayores, algunos enfermos. Una sociedad democrática debe tratar con humanidad incluso a quien cometió crímenes atroces. Quien piense que castigar significa dejar morir a alguien en condiciones indignas se equivoca, y no tengo interés en pedir crueldad.
Pero humanidad no es impunidad. La edad avanzada justifica cuidados médicos, traslados a recintos adecuados, visitas, hospitalización. No justifica por sí sola que se acorte la pena de quien torturó o hizo desaparecer a otras personas, y menos que lo haga sin pedirle nada a cambio.
4. UNA PROPUESTA: NINGÚN BENEFICIO SIN VERDAD
Si se discute clemencia, que se discuta con una condición que casi nadie en el Gobierno ha puesto sobre la mesa: colaboración efectiva con la justicia. Chile sigue teniendo personas detenidas desaparecidas cuyos restos no se han encontrado. Hay condenados que saben dónde están. Un beneficio carcelario debería depender de que entreguen esa información, en forma verificable y ante un tribunal.
Esa condición no es venganza: es el modo en que una sociedad exige que la memoria no sea unilateral. Un Gobierno que busca reducir penas sin exigir verdad dice algo sobre qué es lo que más le preocupa.
5. LA PARADOJA DE LA TOLERANCIA
El filósofo Karl Popper planteó que una tolerancia ilimitada termina destruyéndose a sí misma: si toleramos sin condiciones a quienes niegan la tolerancia, ellos terminan quitándosela a los demás. Lo llamó la paradoja de la tolerancia. No dijo que toda tolerancia fuera un crimen, y yo tampoco lo digo. Pero la frase que me acompañó mientras escribía esto es una versión más dura de la misma idea: la tolerancia se vuelve complicidad cuando se tolera a quien niega la dignidad de los otros y justifica su daño.
No se trata de odiar a nadie. Se trata de que una sociedad sin memoria suficiente termina normalizando lo que juró no repetir. Cuando se vuelve «razonable» hablar de la suerte del victimario sin nombrar a la víctima, algo se desordena.
6. UNA LECTURA SISTÉMICA
En mi trabajo con constelaciones aprendí, y lo planteo como lente de trabajo y no como dogma, que los sistemas se ordenan cuando cada quien ocupa su lugar. Las víctimas necesitan ser reconocidas como víctimas. Los responsables necesitan hacerse cargo de lo que hicieron. Cuando se invierte ese orden, cuando el victimario ocupa el lugar de quien merece compasión y la víctima queda como parte de un pasado que «hay que superar», lo excluido tiende a volver, con más fuerza y en otras formas.
Esto vale para las familias y vale para un país. Chile no ha terminado de ordenar su relación con ese pasado. Lo que menos necesita es que desde el Estado se envíe la señal de que el tiempo puede borrar la responsabilidad.
7. QUÉ ESPERAMOS DEL GOBIERNO
– Que diga con claridad si va a indultar o a conmutar penas a condenados por violaciones a los derechos humanos, y en qué casos.
– Que informe cuántas rebajas de condena ha concedido a condenados por crímenes de lesa humanidad, a quiénes y con qué fundamento, y que se comprometa a no conceder indultos ni conmutaciones a esos condenados sin colaboración efectiva con la justicia.
– Que el proyecto anunciado para restringir las rebajas de condena a quienes cometieron delitos sexuales incluya también explícitamente a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
– Que ponga la entrega de información sobre detenidos desaparecidos como condición de cualquier beneficio.
– Que escuche a las agrupaciones de familiares antes de decidir, no después.
Mientras eso no ocurra, la sospecha seguirá en pie. No porque se la quiera, sino porque se la alimenta.
CIERRE
Tolerar es una virtud democrática. Pero la tolerancia necesita límites para no volverse cómplice. Quien hoy pide serenidad y «dar vuelta la página» debería ser el primero en exigir que esa página incluya los nombres, los lugares y los restos que todavía faltan. Si no, es complicidad.
Mi sospecha puede estar equivocada. Ojalá lo esté. La mejor manera de demostrarlo no es una réplica airada: es un acto de transparencia.
