Con datos publicados por Héctor Vega Tapia
La lógica de las sorderas
Seis canales de riego rotos han sido documentados. La primera hora robada, la primera infancia sin comunidad, el cuidado que nadie remunera, la caída de la natalidad que esos tres explican, la educación afectiva que nunca llegó a tiempo, y el más reciente: el centinela que escuchó la alarma de 330 femicidios frustrados y solo despertó para decretar medidas cautelares en el 12,4% de los casos.
Seis heridas distintas, pero una misma lógica: un sistema que escucha, registra, diagnostica, y no repara.
Esta semana corresponde nombrar una séptima sordera — aunque esta, a diferencia de las anteriores, no describe un centinela que dejó de escuchar, sino uno que, de sostenerse la evidencia que sigue, ve, registra, firma documentos, timbra embarques, y decide, embarque tras embarque, no levantarse de la silla mientras una fracción significativa de la riqueza del país sale por la puerta sin quedar plenamente declarada en origen.
Llamamos a esto, provisionalmente, la no industrialización del cobre y la renuncia a la soberanía fiscal. Su centinela sería el Estado completo: Aduanas, Contraloría, Hacienda, Cochilco, y una clase política que, según la evidencia que se presenta a continuación, convive con una fuga estimada de hasta veintiún mil millones de dólares anuales por los puertos del territorio, atrapada en la falsa disyuntiva entre exportar materias primas o caer en el fetichismo del valor agregado.
Lo que sigue se apoya, en su núcleo estadístico, en la investigación de Héctor Vega Tapia, economista y autor de Cobre. El Metal de la Discordia. Crónica de un Saqueo (Editorial Forja, 2025), y en una metodología de comparación entre lo declarado ante el Servicio Nacional de Aduanas y el valor reportado por las fundiciones y refinerías extranjeras (FURE) frente al London Metal Exchange (LME) — un enfoque emparentado con estudios formales que la propia CEPAL ha realizado sobre manipulación de precios en el comercio del cobre de Chile y Perú, aunque esos mismos estudios documentan que la magnitud del fenómeno se redujo de forma importante tras las reformas tributarias posteriores a 2011. Las cifras que siguen, entonces, se presentan como una hipótesis con respaldo documental serio y contrastable, no como un hecho judicialmente establecido, y se ofrecen precisamente para que sean sometidas a la auditoría independiente que hasta ahora nadie ha realizado.
I. La herencia de una lucha que no concluye
La recuperación de la riqueza del cobre no es una bandera nueva ni una consigna de ocasión. Es una lucha que atraviesa décadas de historia chilena, marcada por la nacionalización de Salvador Allende, la traición institucional que la sucedió, y la persistencia de quienes, desde la clandestinidad primero y desde las instituciones después, nunca abandonaron la convicción de que los recursos naturales pertenecen a la Nación entera.
En los años ochenta, Radomiro Tomic y Jorge Lavandero recorrieron Chile esgrimiendo la bandera de recuperar lo que Allende había nacionalizado. Lavandero pagó con un atentado contra su vida, abandonado agonizante en una calle de Providencia. En 1982, la dictadura de Pinochet, mediante la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM), transformó al concesionario en propietario de los yacimientos, una reorganización profunda del patrimonio nacional que permanece vigente hasta hoy.
Esa ley no ha sido derogada. Sigue siendo el pilar jurídico sobre el cual las transnacionales de la Gran Minería del Cobre han construido su posición sobre recursos que la Constitución declara patrimonio de la Nación. La campaña por su revisión no es un ejercicio académico: es una exigencia de soberanía que debe instalarse en las instituciones del Estado y, sobre todo, en la conciencia de los trabajadores y sus organizaciones.
Sin el compromiso activo de la clase trabajadora, la recuperación del cobre no será posible. De ese compromiso depende la realización del potencial minero, agrícola, forestal y pesquero que Chile posee y que, como Nación, aún no ha realizado.
II. La séptima sordera: el centinela despierto que no se levanta
En la sexta sordera, las víctimas de violencia hicieron sonar la alarma, y el centinela la escuchó, la registró en un expediente y volvió a dormirse. En esta séptima, si la evidencia resiste el escrutinio que merece, el centinela ni siquiera duerme. Está despierto. Sentado en sus garitas. Con el libro de registro abierto. Y firma.
Firma los documentos de embarque. Firma las declaraciones de exportación. Firma los DUS que declaran montos FOB por concentrado de cobre que, según la metodología de comparación empleada, en los puertos de ultramar duplicarían o superarían ampliamente su valor declarado en origen.
Si estas cifras se confirman mediante auditoría independiente, no estaríamos ante una simple sordera administrativa, sino ante una omisión sistemática que merecería investigarse con las consecuencias que correspondan — la forma más silenciosa posible de dejar pasar una fuga de recursos públicos.
Contrastes y evidencia empírica de la fuga (datos 2023-2024)
El análisis de Héctor Vega Tapia sobre las exportaciones de concentrados de cobre desde los puertos chilenos identifica brechas entre lo declarado ante el Servicio Nacional de Aduanas y los valores reportados en fundiciones extranjeras (FURE), contrastados con el London Metal Exchange (LME).
Ejercicio 2023 (4 puertos / 4 mineras): la diferencia acumulada calculada bajo esta metodología alcanza los 4.700 millones de dólares, en los terminales de Coloso (BHP Escondida), Los Vilos (AMSA Pelambres), Patache (Anglo American-Glencore Collahuasi) y Coquimbo (MinTeck CDA Andacollo).
Ejercicio 2024 (5 puertos / 5 mineras): la brecha calculada asciende a 6.400 millones de dólares, con un total declarado en Aduanas de 20.730 millones de dólares frente a un valor reportado en FURE de 27.130 millones de dólares, una diferencia del 23,6% respecto del valor reportado en ultramar.
Desglose operativo 2024 por terminales críticas:
Puerto Coloso (BHP): declarado US$ 9.600 millones frente a un valor reportado de US$ 12.000 millones (4,42 millones de toneladas).
Puerto Los Vilos (Los Pelambres): declarado US$ 2.770 millones frente a un valor reportado de US$ 3.650 millones (1,2 millones de toneladas).
Puerto Patache (Collahuasi): declarado US$ 5.000 millones frente a un valor reportado de US$ 7.000 millones (2,7 millones de toneladas).
Puerto de Coquimbo (MinTeck CDA): declarado US$ 560 millones frente a un valor reportado de US$ 730 millones (227 mil toneladas).
Puerto Ventanas (Codelco Andina y Anglo American Los Bronces): declarado US$ 2.800 millones frente a un valor reportado de US$ 3.750 millones (1,6 millones de toneladas).
Proyección macroeconómica y perspectiva histórica: al contrastar con las cifras oficiales del Banco Central (exportaciones de minerales y concentrados por 31.551,09 millones de dólares y cobre refinado por 17.273,50 millones), el volumen valorizado bajo esta metodología —FURE más la suma de finos— asciende a 48.824 millones de dólares frente a los 14.278 millones declarados en bodega, una brecha del 29,3% bajo este cálculo. Según los registros de la base de datos CEPII (1996-2023), las exportaciones chilenas de mineral de cobre sumaron 325 mil millones de dólares en 27 años; aplicando la misma metodología a ese período completo, Vega estima una brecha acumulada de 975 mil millones de dólares — cifra que, dada su magnitud, requeriría verificación independiente antes de tratarse como dato establecido.
El impacto fiscal y tributario
Si la brecha entre lo declarado y el valor reportado en el extranjero por los concentrados y sus coproductos (oro, plata, molibdeno y ácido sulfúrico) fuera real en la magnitud calculada, deprimiría artificialmente la base imponible sobre la cual se calculan los tributos corporativos (Impuesto de Primera Categoría, royalty e impuestos específicos).
Aplicando una carga tributaria efectiva combinada para la gran minería privada de entre el 35% y el 40%, esa brecha implicaría que el Estado de Chile dejó de percibir, solo en el ejercicio 2024, entre 2.240 y 2.560 millones de dólares en recursos fiscales — una cifra que, de confirmarse, financiaría una parte significativa de las políticas de cuidado que este libro reclama en otros capítulos.
III. Más allá del fetiche: economía política, capacidades y captura de renta
Frecuentemente se argumenta desde la ortodoxia económica que la política industrial moderna no debe caer en el «fetichismo de la transformación física», señalando que economías exitosas como Australia, Noruega o Canadá exportan recursos naturales sin procesar y no son pobres por ello. Se sostiene que el verdadero nudo crítico de Chile es el estancamiento de la productividad y la inversión, y que la solución pasa por densificar proveedores tecnológicos, automatización, inteligencia artificial y servicios mineros.
Ese diagnóstico es parcialmente cierto, pero omite una pieza de la economía política que merece atención propia: si la fuga estimada de recursos por subfacturación es siquiera una fracción de lo calculado, no se trata de un problema abstracto de competitividad, sino de una falla de fiscalización con nombre y cifra propios.
No se trata de decretar un industrialismo ingenuo, sino de responder preguntas que la tecnocracia suele eludir:
¿Es razonable que las transnacionales capturen una renta significativa mediante prácticas de declaración que la evidencia disponible sugiere revisar?
¿Es razonable que más de 13 millones de toneladas de ácido sulfúrico generado en destino, valorado en más de 2 mil millones de dólares, ni siquiera se declaren en los DUS chilenos?
¿Es sostenible un sistema de fiscalización portuaria diseñado bajo la LOCCM de 1982 y el Decreto Supremo Exento de 2019, que redujo el control de catorce a solo cuatro minerales?
La respuesta no es disyuntiva, sino sintética. Ambas perspectivas no son incompatibles, sino complementarias:
Construir capacidades y competitividad: Chile necesita una plataforma minera densa, tecnológica, innovadora y diversificada, tal como reclama la modernidad económica.
Fiscalizar y verificar la captura de renta: Chile necesita asegurar, con auditoría independiente, si la riqueza extraída se está fugando por los puertos del país en la magnitud que esta investigación sugiere.
IV. La solución a la mano: trazabilidad y soberanía portuaria
Si la hipótesis de subfacturación resiste el escrutinio técnico, la falta de fiscalización no respondería a una limitación tecnológica, sino a una decisión política pendiente. El control de los coproductos que podrían estar saliendo sin declaración completa por los terminales marítimos cuenta con tecnología probada y de bajo costo.
Espectrometría en puertos: la instalación de equipos de absorción atómica con lámpara de xenón, horno de grafito y difracción de rayos X en los 13 puertos de exportación permitiría un barrido y cuantificación exacta de los metales presentes en las materias primas embarcadas.
Inversión marginal: cada espectrómetro tiene un costo de mercado cercano a los US$ 60 mil — una inversión menor para el Estado, que podría pagarse por sí sola si la hipótesis de subfacturación resulta correcta, incluso parcialmente. Su habilitación no requeriría una ley de quórum calificado, sino una instrucción de la Presidencia de la República al Servicio Nacional de Aduanas.
Lo que esta séptima sordera documenta, con la prudencia que cifras de esta magnitud exigen, no es la certeza de un fraude consumado, sino la existencia de una hipótesis seria, con respaldo metodológico y datos públicos contrastables, que ningún organismo del Estado ha investigado todavía con el rigor independiente que merece. Un país que instala alarmas sociales pero deja sin auditar una fuga potencial de esta escala no puede decir, con honestidad, que ha superado sus propias sorderas.
V. El espejo australiano: ¿cómo se gestiona la riqueza sin procesar en Australia?
Para entender cómo funciona el modelo minero en Australia frente a la crítica que plantea este capítulo sobre la fuga de valor, la subfacturación y la exportación de concentrados, conviene mirar los matices estructurales que diferencian su economía de la chilena.
El modelo exportador australiano: materias primas sin procesar, pero con captura de renta
Es cierto que Australia —junto con Noruega o Canadá— es el ejemplo clásico que suelen esgrimir los defensores de la ortodoxia económica para decir que no hay que obsesionarse con fundir y refinar localmente, dado que Australia exporta toneladas de mineral de hierro y carbón bruto y es un país rico. Sin embargo, la analogía tiene matices importantes:
Estructura de propiedad y tributación: aunque Australia exporta una enorme cantidad de minerales a granel, principalmente hierro a China, el Estado australiano cuenta con un marco tributario, un régimen de royalties estatales exigente (especialmente en estados mineros como Western Australia o Queensland) y normas de precios de transferencia implementadas por la Australian Taxation Office, que buscan evitar que la riqueza declarada en origen difiera artificialmente de su valor real en el mercado internacional.
El caso del cobre frente al hierro: a diferencia del hierro, donde el mineral se embarca prácticamente listo para el alto horno, los concentrados de cobre contienen una gama amplia de coproductos estratégicos y metales preciosos (oro, plata, molibdeno, telurio, barros anódicos). En Australia, la trazabilidad de los metales base y preciosos cuenta con auditorías tecnológicas rigurosas en puertos, y los márgenes de comercialización están vigilados por agencias de competencia y aduanas.
Fiscalización portuaria y trazabilidad tecnológica
En los grandes puertos exportadores australianos, como Dampier o Port Hedland en el norte de Western Australia:
El Estado no delega la valorización exclusivamente en la declaración jurada de las mineras, el equivalente a los DUS chilenos.
Existen sistemas de muestreo de humedad, rayos X y análisis espectrométricos en las terminales de embarque orientados a que el valor de la materia prima que sale hacia Asia (China, Japón, Corea del Sur) esté tasado a precios de mercado abiertos (LME/MB), reduciendo el espacio para la subfacturación sistemática.
El control de coproductos
Los reportes oficiales del Department of Industry, Science and Resources y de Geoscience Australia cuantifican de forma explícita la producción de los coproductos vinculados a los minerales principales. En yacimientos polimetálicos como Cadia, en Nueva Gales del Sur, la extracción de cobre y zinc viene acompañada de molibdeno, oro, plata y elementos del grupo del platino, medidos en gramos por tonelada métrica en origen y sujetos a regalías específicas. Algo similar ocurre con las arenas minerales, donde la extracción conjunta de ilmenita, rutilo, zircón y monacita está regulada para evitar subdeclaraciones de valor.
El contraste que este capítulo quiere destacar es que, mientras en Chile millones de toneladas de ácido sulfúrico y trazas de elementos acompañantes viajarían, según la hipótesis de Vega, sin figurar plenamente en los documentos aduaneros, en Australia el sistema de catastro cruza los volúmenes de los puertos con la ley de mineral promedio del yacimiento, buscando que ningún coproducto escape del radar fiscal.
La diferencia estructural
Mientras en Australia la exportación masiva de recursos naturales vino acompañada de un Estado fiscal robusto, fondos soberanos como el Future Fund, e instituciones que dificultan la elusión corporativa masiva, en Chile la exportación de concentrados opera bajo un marco jurídico de 1982 y una fiscalización portuaria que, si la hipótesis de este capítulo se confirma, permitiría brechas multimillonarias sin que el Estado las detecte a tiempo.
En síntesis: Australia exporta recursos sin procesar, pero busca cobrar cada dólar de lo que exporta. Si la evidencia presentada en este capítulo se confirma, Chile exportaría concentrados sin capturar plenamente su valor, subfacturando en origen y desfinanciando su propio Estado — una brecha que, de ser real, separaría ambos modelos de forma sustancial.
VI. ¿Cómo romper la sordera? El imperativo de interpelar a la Contraloría
Para que el caso expuesto en este capítulo deje de ser un diagnóstico y active un rol fiscalizador vinculante del Estado, el problema debe trasladarse de los puertos al centro de las instituciones de control.
¿Cómo se le puede exigir acción a la Contraloría General de la República (CGR)? Utilizando los carriles institucionales disponibles:
Denuncia ciudadana y formal por omisión de fiscalización: organizaciones sociales, sindicatos de la minería, economistas o parlamentarios pueden presentar formalmente ante la Contraloría un requerimiento de auditoría especial de desempeño al Servicio Nacional de Aduanas y a Cochilco, indagando por qué no se emplean mecanismos de trazabilidad en puertos sobre los concentrados y sus subproductos, como el ácido sulfúrico y los metales acompañantes.
Revisión de la legalidad de los protocolos aduaneros: la Contraloría tiene la facultad de dictaminar si las instrucciones administrativas que redujeron los controles aduaneros a un puñado de elementos son compatibles con el espíritu de resguardo fiscal consagrado en la ley orgánica de Aduanas.
Presión política e institucional: aunque no se interpela a la Contraloría en el Congreso como a un ministro, sus informes y dictámenes obligan al Estado a responder. Si la CGR emitiera un dictamen exigiendo a Aduanas implementar controles de espectrometría o trazabilidad estricta en los puertos, el Ejecutivo quedaría formalmente emplazado a acatarlo o a asumir la responsabilidad política de la inacción.
En conclusión: la Contraloría es, potencialmente, el organismo llamado a resolver esta séptima sordera si los poderes políticos eluden la fiscalización. Exigir una auditoría de desempeño a los controles portuarios de exportación de cobre es un paso concreto para transformar esta hipótesis en un mandato de control verificable para el Estado.
Nota metodológica y aclaración financiera sobre el cálculo fiscal
Los costos de transporte, tratamiento y refinación (TCRC — Treatment and Refining Charges) no están descontados de esta estimación de impacto tributario, porque la cifra base sobre la cual se calcula (los US$ 6.400 millones) ya representaría, según la metodología empleada, la brecha neta de subfacturación en origen, no un margen bruto antes de costos.
La naturaleza de la brecha de US$ 6.400 millones (2024): esta cifra surge de contrastar el valor FOB declarado en las Aduanas chilenas con el valor de los elementos metálicos contenidos (cobre, oro, plata, molibdeno) valorizados según los mercados internacionales (LME) y las plantas de destino en ultramar (FURE) — es decir, sería el valor de la riqueza que físicamente cruza la frontera y cuyos retornos declarados estarían disminuidos, según esta hipótesis.
Sobre los costos de TCRC: son los descuentos que las fundiciones extranjeras aplican al comprador del concentrado por transformar el material en cátodos. En el esquema de la gran minería privada transnacional, frecuentemente integrada verticalmente entre la minera en Chile y su fundición o matriz en el extranjero, la hipótesis de Vega sostiene que los precios de transferencia operarían más allá de los TCRC estándar, y que coproductos valiosos —como el ácido sulfúrico, el oro y la plata contenidos en los barros anódicos— no se declararían ni se retribuirían fiscalmente en su magnitud real. Esta es, precisamente, la parte de la hipótesis que una auditoría independiente debería verificar con mayor detalle.
Sobre el rango tributario (35%-40%): aplicando la carga tributaria efectiva combinada (Impuesto de Primera Categoría, royalty minero ajustado por la ley reciente, e impuesto adicional a la renta y remesas) sobre una masa de utilidades no declaradas de esta magnitud, el impacto teórico sobre el Fisco se movería en la horquilla de US$ 2.240 a 2.560 millones. Un sector crítico podría objetar que los costos de transporte y tratamiento de ultramar deberían restar una fracción de esa masa; aun así, la magnitud de la no declaración de subproductos —como los millones de toneladas de ácido sulfúrico valoradas en más de US$ 2.000 millones que se generan en destino sin figurar en los DUS chilenos— sugiere que la pérdida fiscal seguiría siendo de escala relevante para el erario nacional, incluso aplicando ese descuento.
El cálculo se presenta, en consecuencia, como un estándar conservador dentro de una hipótesis con respaldo documental, no como una cifra judicialmente comprobada — su función es abrir el debate público y técnico, no cerrarlo.
Humberto Del Pozo López es economista, psicoanalista relacional, constelador sistémico y creador del Método de Resonancia Límbica TriFOCAL. Héctor Vega Tapia es economista y autor de «Cobre. El Metal de la Discordia. Crónica de un Saqueo» (Editorial Forja, 2025).
