A pesar del anuncio de congelar beneficios tras el escándalo por rebajas a abusadores de menores, el ministro de Justicia y la recién asumida subsecretaria Josefina Soto firmaron la reducción de condena para un sujeto que asesinó a un adulto mayor en Catemu.
La crisis política que enfrenta el Ministerio de Justicia sumó un nuevo capítulo luego de confirmarse la emisión de un reciente decreto que otorgó una rebaja de condena a un hombre sentenciado por homicidio en la Región de Valparaíso.
El documento según reveló radio Biobío fue suscrito el pasado 5 de noviembre por el ministro Fernando Rabat y por la nueva subsecretaria de la cartera, Josefina Soto, quien asumió el cargo en reemplazo de Luis Silva tras las cuestionadas rebajas aplicadas a condenados por delitos sexuales. Con esta resolución, la autoridad concedió una reducción de diez meses de presidio en favor de Peter Andrés Rojas Gallardo, de 40 años, adelantando el término de su pena de cinco años desde agosto de 2027 a octubre de 2026.
El favorecido con la medida cumplía condena por el asesinato de Jorge del Carmen Frez Olivares, un adulto mayor de 83 años residente en la comuna de Catemu. En 2022, la víctima le brindó alojamiento a Rojas en su vivienda luego de conocerlo por trabajos informales y saber que se encontraba en situación de calle. Sin embargo, la convivencia culminó violentamente cuando el imputado golpeó al adulto mayor en su dormitorio y lo asfixió con un cordón. Tras la agresión, el agresor ocultó el cuerpo bajo prendas de vestir y engañó durante semanas a los familiares del anciano señalando que la víctima se encontraba trabajando o fuera de la comuna, hasta que la familia ingresó a la fuerza a la propiedad el 29 de agosto de ese año y descubrió el cadáver en avanzado estado de descomposición.
Tras ser detenido por la PDI y confesar el crimen bajo el argumento de haber actuado bajo los efectos de sustancias, Rojas fue sentenciado en enero de 2025 a cinco años de presidio efectivo. La trayectoria delictual del beneficiado ya registraba sanciones previas desde 2017 por hurto, robo frustrado en lugar habitado y robo con violencia, delito este último en el que atacó a una mujer para arrebatarle sus pertenencias. En mayo de 2026, el sujeto intentó acceder a la libertad condicional, pero la solicitud fue desestimada tanto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso como por la Corte Suprema. La negativa judicial se sustentó en los informes de Gendarmería que advertían un riesgo medio de reincidencia por consumo problemático de drogas, sumado al pronunciamiento del alcaide del penal de Quillota, quien advirtió que «no era posible proyectar un cumplimiento de la pena en libertad que garantice la seguridad de la comunidad y la prevención de nuevos ilícitos».
Frente a la demora en la firma del beneficio en medio del escándalo por la liberación de abusadores de menores y exagentes de la dictadura, la defensa pública del condenado recurrió de amparo el 5 de noviembre ante el tribunal de alzada porteño. Menos de 24 horas después, el Ministerio de Justicia formalizó la rebaja concedida por Rabat, lo que llevó al desistimiento de la acción judicial y dejó en libertad al sentenciado. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la cartera se encuentra obligada a tramitar las reducciones que cumplen con la Ley 19.856 mientras la normativa permanezca vigente, argumentando que “El ministerio no está habilitado para denegar el beneficio basándose en la gravedad del delito o en el bien jurídico protegido”. No obstante, tras la controversia generada por este nuevo decreto, el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, anunció la decisión del Ejecutivo de impulsar la derogación total de la norma, asegurando que “Vamos a cortar el problema de raíz”.
