Una auditoría interna solicitada por el Comité de Auditoría del Directorio de Codelco ha puesto en duda las cifras de producción reportadas por la estatal al cierre del año pasado. Los resultados preliminares del informe detectaron que cerca de 20.000 toneladas de cobre fino sumadas al balance de 2025 no cuentan con el respaldo técnico ni normativo requerido, lo que habría permitido a la cuprífera cumplir artificialmente sus metas anuales.
El «salto» de diciembre y la caída posterior La sospecha sobre las cifras comenzó tras el reporte de diciembre de 2025, cuando la minera registró una producción de 172.300 toneladas métricas, la más alta de la década, superando con creces el promedio de 105.600 toneladas de los meses previos. Sin embargo, el mercado se alertó en marzo de este año, cuando Cochilco informó que la estatal produjo solo 91.000 toneladas, lo que representó una caída del 47% respecto al cierre de año.
Ejecutivos bajo la lupa El informe preliminar apunta directamente a César Márquez Márquez, Gerente de Presupuesto y Control de Gestión, quien habría impulsado una iniciativa de producción de productos terminados (P1) en conjunto con la División Chuquicamata, omitiendo deliberadamente la participación de las áreas de Contabilidad y Servicios Comerciales en el proceso de aprobación. El gerente de Chuquicamata, René Galleguillos, también aparece mencionado en la investigación por su rol en la validación de estas cifras.
Motivaciones e impacto en el mercado Parlamentarios y expertos señalan que el «inflado» de estas 20 mil toneladas habría tenido como objetivo asegurar el pago de bonos por cumplimiento de metas tanto para ejecutivos como para trabajadores. Más allá de los incentivos económicos, analistas como César Valencia advierten que esta situación afecta la credibilidad y el sentimiento del mercado, impactando directamente en la prima de riesgo del cobre para el segundo semestre del año.
La defensa corporativa y política Desde la administración central, el presidente del directorio, Máximo Pacheco, y el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, han defendido históricamente los resultados de diciembre atribuyéndolos a una «limpieza de inventarios» y a una gestión eficiente de los recursos. Ante los nuevos antecedentes, Codelco emitió un comunicado aclarando que el proceso de auditoría aún está en desarrollo y que se debe respetar el derecho a descargos de los implicados antes de emitir conclusiones finales.
En el Congreso, la reacción ha sido de rechazo transversal. El diputado Cristian Tapia (Ind-PPD) emplazó a la alta dirección por la falta de transparencia, mientras que el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) no descartó que, una vez finalizado el informe, los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para una investigación penal. Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS) solicitó la creación de una comisión especial para indagar qué otros aspectos podrían estar «ocultos» en la contabilidad de la estatal.
