El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó este miércoles que la próxima semana se iniciará la demolición de las viviendas construidas por la empresa San Sebastián en el sector de El Olivar, en Viña del Mar. El anuncio se da en medio de una severa crisis financiera para la cartera, luego de que el secretario de Estado admitiera que los recursos fiscales para la reconstrucción se agotaron el pasado 30 de abril.
Demoliciones por «fallas gravísimas» La decisión de echar abajo las estructuras se sustenta en nuevos informes técnicos de la DITEC y el IDIEM, los cuales detectaron deficiencias estructurales «demoledoras» y falta de cumplimiento en las normas de seguridad contra incendios. Según detalló Poduje, las viviendas presentan problemas de diseño, materiales no certificados y el uso de paneles prefabricados en condiciones distintas a las aprobadas por el Ministerio.
«Nosotros no entregamos casas falladas», enfatizó el ministro, señalando que la demolición es la alternativa técnicamente más robusta frente a los riesgos sísmicos impredecibles que implicaría un reforzamiento. De las casi 350 familias afectadas, solo seis se mantienen en resistencia a la medida.
La billetera vacía del MINVU En paralelo al conflicto en Viña del Mar, Poduje lanzó una dura advertencia al Congreso respecto al financiamiento de las obras: «Los recursos se nos acabaron». Actualmente, el Ministerio está recurriendo a reasignaciones presupuestarias sacando dinero de otras regiones para poder continuar con los pagos en Valparaíso y el Bío Bío.
El secretario de Estado presionó a los parlamentarios para acelerar la tramitación de la Ley de Reconstrucción, que hoy enfrenta un «tsunami» de más de mil indicaciones. «Veo que no hay ningún apuro por entregar los recursos a las familias», cuestionó el jefe de la cartera, alertando que esta fórmula de reasignación ha llegado a su límite y podría comenzar a retrasar proyectos habitacionales en el resto del país.
Trama judicial y desconfianzas La paralización de las obras ha abierto un frente judicial complejo. Mientras el MINVU mantiene querellas contra la constructora San Sebastián por fraude al fisco, estafa y negociación incompatible, la entidad patrocinante Social Arquitectura presentó una querella criminal contra el ministro Poduje.
La acción legal contra la autoridad acusa delitos de prevaricación administrativa y falsificación ideológica, cuestionando si los informes que justifican la demolición existían realmente al momento de dictarse la resolución de paralización el pasado 9 de abril. Pese a que los fiscalizadores técnicos de obra (FTO) habrían reportado inicialmente que no había fallas graves, los documentos reservados de la DITEC e IDIEM terminaron por respaldar la postura del Ejecutivo al detectar incumplimientos normativos críticos.
