Lo que comenzó como una severa objeción de la Contraloría y una denuncia penal de alto perfil político ha terminado en un vuelco definitivo para el gobernador de Santiago, Claudio Orrego. La Fiscalía Oriente ha decidido no perseverar y cerrar la investigación sobre el servicio de coaching contratado por la autoridad regional, al no hallar evidencia de delitos tras un peritaje exhaustivo.
Un peritaje sin fisuras La determinación de los fiscales Lorena Parra y Cristóbal Salazar no fue azarosa. El Ministerio Público aplicó una cirugía mayor a la gestión de Orrego: se revisaron de forma íntegra sus equipos computacionales, correos electrónicos y teléfonos celulares, un procedimiento que se replicó con su equipo de confianza y con la empresa Vera y Asociados. Tras cruzar datos con el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servel y Mercado Público, la conclusión fue categórica: ninguna de las pericias entregó resultados para sostener una acusación criminal.
La derrota de la vía penal Este cierre administrativo representa el segundo triunfo judicial de Orrego en pocas semanas. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ya había rechazado de forma unánime la solicitud de desafuero en su contra, lo que ya anticipaba el debilitamiento de la tesis acusatoria.
Para el gobernador, este hito es una validación de su postura inicial. La autoridad destacó que el fin de la indagatoria confirma que las acciones emprendidas por el Partido Republicano para destituirlo se fundaron en «argumentos falsos». Sus abogados subrayaron que, tras una investigación profunda, quedó claro que no existen antecedentes constitutivos de delitos en los hechos objetados.
El último refugio de la oposición Pese al alivio en los tribunales de justicia, la batalla política aún tiene un frente abierto. Los consejeros regionales de la UDI y el Partido Republicano mantienen una última carta: el requerimiento de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Aunque el proceso ya cumplió su etapa probatoria y está listo para ser visto por el tribunal, el fallo de la Fiscalía deja a los acusadores en una posición desmejorada, al carecer de un sustento penal que valide sus críticas administrativas. Con este escenario, Orrego logra sacudirse la sombra de la corrupción, dejando el conflicto reducido a una disputa electoral que el Tricel deberá zanjar en los próximos meses.
