La nueva administración de José Antonio Kast ha impuesto una métrica implacable para decidir el futuro de las obras públicas en Chile: la rentabilidad social,. Bajo esta lógica de eficiencia técnica y ajuste fiscal, el esperado proyecto de extensión ferroviaria hacia Quillota, La Cruz y La Calera ha pasado de ser una promesa de conectividad regional a quedar en una posición de extrema vulnerabilidad frente a los proyectos de la Región Metropolitana.
La aritmética del centralismo El Ministerio de Transportes, liderado por Louis de Grange, ha iniciado una revisión exhaustiva de la cartera de inversiones para priorizar aquellas con mayor impacto poblacional,. En este tablero de ajedrez presupuestario, la extensión Limache–La Calera, que beneficiaría a aproximadamente 1,1 millones de personas, se enfrenta a un competidor imbatible en cifras: el tren Alameda–Melipilla, que alcanzará a 1,7 millones de usuarios y proyecta mover 57 millones de pasajeros anuales.
Esta diferencia en la escala de beneficiarios, sumada a un déficit fiscal que el Ejecutivo atribuye a la gestión anterior, pone en duda la viabilidad de una inversión que asciende a los 680 millones de dólares.
El castigo por los hallazgos arqueológicos Un factor determinante en esta crisis han sido los retrasos acumulados. El delegado presidencial, Manuel Millones, reconoció que el proyecto hoy «entra a competir» en condiciones desfavorables debido a un atraso de más de dos años provocado por hallazgos arqueológicos en la zona de Quillota,. Lo que para la comunidad es un patrimonio invaluable, para el presupuesto nacional se ha convertido en una pérdida de dinamismo que hoy le resta puntos frente a la expansión del Metro de Santiago.
¿Un golpe a la descentralización? Mientras el Gobierno defiende la necesidad de un análisis socioeconómico riguroso, desde el Congreso surgen voces de alerta. El diputado Nelson Venegas calificó la situación como un golpe al proceso de descentralización, criticando que se pretendan mover recursos regionales hacia Santiago bajo la premisa de que «allá vive más gente». Por otro lado, parlamentarios como Andrés Celis mantienen el optimismo, asegurando que el ministro De Grange tiene un interés personal en que la obra se concrete a pesar del complejo escenario.
Lo que está en juego El proyecto en riesgo no es menor: contempla 26 kilómetros de vías, 15 nuevos trenes y la construcción de siete estaciones que reducirían a la mitad el tiempo de viaje hacia Valparaíso,. Aunque el cronograma original apuntaba a iniciar operaciones en 2029, la señal enviada con el retiro del contrato para el estudio del tren Valparaíso–Santiago desde la Contraloría sugiere que la «lápida definitiva» para las obras regionales es una posibilidad real si los números no cuadran en la planilla del Ministerio



