El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) es un instrumento que se utiliza para mitigar las variaciones drásticas de precios internacionales de combustibles (gasolina, diésel y gas vehicular) que afectan el precio en Chile. Está vigente desde 2014 bajo la ley Nº 20.765 y regula el precio cada tres semanas evitando que se produzcan alzas mayores a los $6,8 pesos por litro.
En el último mes (17 febrero-17 marzo), el precio del petróleo crudo ha aumentado un 47.69% y un 43.92% en comparación con el mismo período del año pasado.
La opción de descartar el mecanismo se traduciría, según El País, en que el precio de la gasolina subiría inmediatamente 350 pesos chilenos (0,38 dólar) por litro y el diésel, 500 (0,5 dólar). Es decir alzas cercanas a 30% y 50%, respectivamente. El costo que estimó el gobierno sería de alrededor de 3.000 millones de dólares en las arcas fiscales lo cual en época de fuertes ajustes (reducción de 3% parejo para el gasto fiscal) resulta altamente complejo de solventar.
En todo caso, el MEPCO opera como amortiguador, es decir, no es un subsidio permanente sino un ajuste de recaudación tributaria, ya que parte de lo que se deja de percibir o se destina al mecanismo se recupera en el futuro. Así, por ejemplo, si sube 10% el petróleo hay entre 300 y 500 millones de dólares de costo fiscal (dependiendo de la estimación de consumo) si se contiene completamente por un año; si dura solo unos meses el costo baja proporcionalmente. De igual forma, si el MEPCO deja pasar parte del alza también bajará el costo.
El alza actual producto de la guerra de EE. UU. e Israel en Irán deberá ser estimada según cuanto se prolongue el conflicto, porque ya está afectando incluso internamente en EE. UU.
Una situación hipotética de traspasar un alza de los combustibles, de por ejemplo 30% enteramente a precios al consumidor, siguiendo los ponderadores del INE podría tener efectos importantes sobre el IPC. En efecto, el rubro gasolina aporta cerca del 3% al IPC y esto tendría un efecto de 0,9% de manera directa a lo cual habría que agregar efectos indirectos, porque afecta al transporte y los costos logísticos de los bienes. Los impactos indirectos casi duplican a los directos, según algunas estimaciones. El efecto tendría impactos significativos en el consumo de los grupos de menores ingresos y podría volver atrás los logros de ajuste a la meta de 3% de inflación que empezó a lograrse desde enero.
Sin embargo, asimismo hay ingresos extraordinarios vinculados a la guerra en Medio Oriente relacionados con el precio del Cobre. El precio de referencia estructural del cobre es alrededor de USD cts 4,0/lb y los valores promedios observados en estos primeros meses superan el precio de USD cts 5/lb, lo que da un ingreso anual adicional promedio de alrededor de 4.000 millones de dólares para el fisco lo que aritméticamente podría compensar otro evento imprevisto como es el alza del precio el petróleo.
Es claro que los ingresos extraordinarios del cobre están sujetos a la regla de balance estructural y que su uso está destinado a paliar efectos económicos de situaciones adversas y anómalas. Es evidente que el alza desmesurada del precio del petróleo es una situación anómala y amerita que, al menos, una parte sea destinada a evitar que el costo sea traspasado únicamente a los hogares.
Está previsto que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anuncie un proyecto de ley al respecto, a más tardar a inicios de la próxima semana. Es probable que mezcle fuentes de fondos para amortiguar los impactos de la guerra en Chile.
Rafael Urriola es economista y presidente de Aprob
