La solemnidad de los tribunales chilenos suele esconder tras sus pesadas puertas una realidad mucho más cruda y humana. El caso que hoy sacude a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y al Juzgado de La Calera no es solo una disputa administrativa; es una radiografía sobre cómo el poder personal y los vínculos privados pueden llegar a desestabilizar la función pública, dejando a su paso un rastro de maltrato y crisis institucional.
El mensajero del alba La mañana del 18 de noviembre de 2024, la magistrada Andrea Pizarro no alcanzó siquiera a ocupar su escritorio. Antes de las 8:00 AM, el entonces presidente de la Corte de Valparaíso, Rafael Corvalán, ya la esperaba en el tribunal acompañado de su relevo. En un acto calificado posteriormente como una extralimitación de funciones que afectó la dignidad de la jueza, Corvalán le notificó personalmente su traslado inmediato, una gestión que realizó incluso antes de que la resolución oficial estuviera firmada por la fiscalía correspondiente.
La casa de las desconfianzas El origen de este quiebre reside en una trama de influencias que la Fiscalía Judicial ha puesto bajo la lupa, según informa Radio Biobio. Mientras Corvalán intervenía activamente en los procesos contra la jueza Catalina Lagos —acusada de maltrato laboral sistemático—, omitió un detalle vital: años antes, le había vendido su casa en Limache a la misma Lagos, otorgándole incluso un mandato para actuar en su nombre.
Este vínculo comercial, no declarado ante el Pleno, es hoy uno de los pilares de los cuatro sumarios que enfrenta el ministro Corvalán. Se le acusa de romper la imparcialidad al gestionar beneficios para Lagos mientras aceleraba sanciones contra Pizarro, la denunciante original.
Cuerpos que gritan: el costo humano Más allá de los expedientes, la crisis en La Calera tiene rostros. Informes técnicos revelaron que el clima laboral bajo la gestión de Lagos provocó en los funcionarios cuadros de angustia, llanto, problemas gastrointestinales y alteraciones del sueño. Relatos de trabajadores describen un entorno donde las «conductas burlescas» y la discriminación eran moneda corriente, llegando al punto de usar la exclusión de grupos de WhatsApp como herramienta de castigo.
Justicia en suspenso Hoy, el sistema se encuentra en un punto muerto. Los procesos contra las juezas Lagos y Pizarro están congelados a la espera de que se resuelva el destino de Corvalán, quien ha buscado refugio legal ante la Corte Suprema.
Este escenario plantea una interrogante profunda sobre la fiscalización del Poder Judicial. Cuando los encargados de impartir justicia terminan enredados en alianzas privadas y defensas corporativas, lo que se quiebra no es solo un tribunal de provincia, sino la confianza ciudadana en que la ley es, efectivamente, igual para todos. Lo ocurrido en Valparaíso no es un incidente aislado, sino una señal de alerta sobre las estructuras de «absoluta confianza» que terminan por asfixiar la objetividad del Estado.
