Lo que comenzó como una «salida humanitaria» se convirtió rápidamente en una pesadilla política para sus propios impulsores. La derecha chilena —Republicanos, UDI y RN— ha decidido quitarle el piso y la urgencia a un proyecto de ley que, paradójicamente, nació de sus propias filas en el Senado. La razón es un cálculo de riesgo demoledor: el texto es tan amplio que permitiría liberar no solo a exuniformados, sino también a peligrosos criminales comunes y al autor del crimen más simbólico contra el sector.
El nudo ciego de la impunidad Según un reporte de contingencia política del 8 de marzo, la iniciativa coordinada originalmente por el senador Francisco Chahuán (RN) dejó de ser una bandera humanitaria para transformarse en un tema profundamente «incómodo». El problema radica en que, tal como está redactado el articulado aprobado en general por el Senado, el beneficio de reclusión domiciliaria alcanzaría a narcotraficantes, violadores y al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, único condenado por el asesinato de Jaime Guzmán, fundador de la UDI.
Freno de mano institucional Desde la directiva de Republicanos, el senador electo Arturo Squella fue tajante al señalar que el proyecto carece de rigor y no es una prioridad para el próximo gobierno. En declaraciones a la prensa, reconoció que “en técnica legislativa, al articulado, le falta mucho trabajo” y que, bajo su mirada, “las urgencias son otras”, por lo que descartó recomendar cualquier tipo de celeridad para su tramitación.
En la misma sintonía, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, admitió que la propuesta requiere una cirugía profunda para ser viable frente a la ciudadanía. Para el diputado, el texto “debe ser mejorado… tiene que ser mucho más restrictivo de lo que es hoy día”, advirtiendo que la discusión podría extenderse por varios meses debido al respeto que se le debe a las víctimas de los delitos involucrados.
Una «locura» legislativa La crítica más dura provino desde la propia interna de Renovación Nacional, donde la diputada Ximena Ossandón calificó la situación como un error de proporciones. Para la parlamentaria, el avance del proyecto en sus términos actuales es simplemente “imposible” y lo tildó de “impresentable”.
Ossandón marcó una diferencia técnica crucial que el proyecto parece haber ignorado: la distinción entre una enfermedad incurable y estar efectivamente en etapa terminal. “El proyecto como está es una verdadera locura”, sentenció la legisladora, enfatizando que cualquier alivio penal debe garantizar con “seguridad absoluta” que el beneficiado no representa un peligro para la sociedad. Este giro deja al descubierto la fragilidad de una propuesta que, por intentar beneficiar a un grupo específico, terminó abriendo una puerta que la derecha no está dispuesta a cruzar.
