La formalización del exfiscal Manuel Guerra no es solo un trámite judicial; es la radiografía de cómo una de las instituciones más sensibles del país pudo ser operada como una oficina de servicios para la elite política y económica. Este lunes, ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, se expuso la caída de un hombre que, mientras lideraba la Fiscalía Metropolitana Oriente, habría convertido el secreto profesional en una moneda de cambio para asegurar su propio futuro laboral y político,.
El catálogo de la impunidad
Lo que la investigación del fiscal regional de Arica, Mario Carrera, pone sobre la mesa es una traición sistemática a los deberes funcionarios. Según los antecedentes presentados, Guerra no solo filtró información; actuó como un estratega en las sombras para causas de alto impacto como Penta, Dominga-Exalmar, el caso Vitacura y las investigaciones por el estallido social.
En este último punto, la gravedad aumenta: Guerra habría “anticipado a Hermosilla Osorio información relevante y estratégica” sobre las decisiones del Ministerio Público, llegando incluso a aconsejar los pasos que debía seguir el exministro Andrés Chadwick en su calidad de imputado. De acuerdo con la indagatoria detallada en los reportes de la formalización, el exfiscal se alejó de cualquier criterio técnico para “posibilitar la aplicación del procedimiento abreviado” en el caso Penta, dictando a sabiendas resoluciones que resultaron ser “manifiestamente injustas”,.
Justicia por favores: el precio del silencio
La red de influencias no era gratuita. La fiscalía sostiene que la reconversión laboral de Guerra, tras dejar el ente persecutor, fue el resultado de gestiones reiteradas para complacer a sus aliados. El «catálogo de peticiones» del exfiscal era extenso: desde solicitar ser designado en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), hasta pedir su incorporación al estudio jurídico de Luis Hermosilla y Chadwick.
Incluso, la influencia de Guerra habría intentado llegar a la fe pública, solicitando que su amiga Patricia Manríquez fuera nombrada notaria e intercediendo por el exfiscal Tufit Bufadel ante una grave denuncia de agresión sexual. Tras su salida, Guerra efectivamente consiguió refugio profesional en la Universidad San Sebastián, la Municipalidad de Providencia y la Amszo.
Un sistema en tensión
Hoy, la justicia se enfrenta a su propio espejo. Mientras el Ministerio Público ha solicitado el arresto domiciliario total y el arraigo nacional para su excolega, el Consejo de Defensa del Estado y los querellantes han sido tajantes al exigir la prisión preventiva. Los cargos de cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto no solo pesan sobre los hombros de Manuel Guerra; pesan sobre la credibilidad de un sistema que permitió que un fiscal regional compartiera información estratégica sobre senadores, administradores electorales y directores de la PDI con un asesor del Ministerio del Interior. La audiencia de este lunes marca el inicio de un proceso que busca determinar si la justicia en Chile tiene realmente un precio o si el derecho puede prevalecer sobre el tráfico de influencias.
