El largo capítulo de impunidad que ha rodeado uno de los crímenes políticos más impactantes de la transición chilena parece haber llegado a su etapa final. Tras más de una década de gestiones diplomáticas fallidas y tensiones judiciales, el gobierno chileno ha confirmado que la extradición de Galvarino Apablaza, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), es ahora «inminente».
El quiebre del blindaje trasandino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, logró evadir la justicia chilena desde su detención en 2004 gracias al estatus de refugiado político que le otorgó el gobierno de Cristina Fernández en 2010. Esa decisión congeló un proceso que ya contaba con el visto bueno de la Corte Suprema argentina en aquel entonces. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en febrero de este año, cuando los tribunales de segunda instancia en Argentina retiraron formalmente su calidad de refugiado, despejando el camino para su retorno forzoso.
Coordinación de alto nivel y traslado seguro En una entrevista concedida a Tele13 Radio, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reveló que el Estado chileno ha mantenido una comunicación estratégica con sus pares argentinos para concretar este hito. «El gobierno tiene todo ordenado para este fin», aseguró el secretario de Estado, subrayando que la actual ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, está al tanto de la relevancia prioritaria que Chile le otorga a este traslado.
Los detalles logísticos ya están afinados: la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra coordinada y lista para viajar a buscar al exfrentista una vez que el gobierno de Javier Milei dé la señal definitiva. Según reportó la fuente original, T13, Chile solo está a la espera de la resolución administrativa final del país vecino para ejecutar la operación.
Destino: Alta Seguridad El regreso de Apablaza no será un trámite administrativo más. Dada la sensibilidad del caso y el perfil del imputado, el ministro Cordero adelantó que, una vez en suelo nacional, el procesado quedará bajo la custodia de Gendarmería y «es probable que quede en un centro de Alta Seguridad». Con este movimiento, se busca cerrar un ciclo de 16 años de refugio en el extranjero, permitiendo que la justicia chilena finalmente procese al hombre clave tras el magnicidio que marcó la historia política del país.
