El Consejo de Defensa del Estado, CDE, se querelló contra los que resulten responsables por fraude al fisco durante la gestión del alcalde Sergio Echeverría al frente de la Corporación Municipal de la comuna de San Joaquín.
Los hechos que se describen en la querella comprenden el período en el cual fue presidente de la Corporación Municipal el alcalde Sergio Echeverría, que ejerció dicho cargo en el período entre el 6 de diciembre de 2004 y el 28 de junio de 2021, mientras el secretario municipal era Álvaro Medina Cisternas y la directora de educación estaba a cargo de Roxana Aravena Navarrete.
La querella señala que en auditorías realizadas a la Corporación se detectó «la existencia de saldos no acreditados, ascendentes a la suma de $10.210.952.780.- (diez mil doscientos diez millones novecientos cincuenta y dos mil setecientos ochenta pesos) que no fueron ejecutados ni constan como saldo en las cuentas corrientes correspondientes a los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y la Subvención de Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), Subvención General y otros». Estos, agrega el escrito, «dan cuenta de una gestión desleal del patrimonio, que importan una defraudación de los recursos recibidos por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín al amparo de la Ley 20.248, Ley N°20.845 y otros cuerpos normativos».
El Consejo pidió al 12 Segundo Juzgado de Garantía que de «por interpuesta querella criminal contra quienes resulten responsables del delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, en relación con el artículo 260 del mismo cuerpo legal, en grado de ejecución de consumado, sin perjuicio de los otros delitos que se pudieren establecer o acreditar durante el curso de la investigación».
Sobre la acción del CDE, el actual alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, comentó que «la querella del CDE surge luego que, en agosto de 2021, a sólo dos meses de haber asumido nuestra alcaldía, la Superintendencia de Educación nos notificó de una millonaria deuda por recursos públicos que se encontraban sin sus rendiciones al día o mal ejecutadas durante la administración municipal anterior en la Unidad de Educación respecto a Subvención Escolar Preferencial (SEP), Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), Subvención de Mantenimiento y Subvención General, luego del traspaso de los nueve establecimientos educacionales y una sala cuna municipal al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Gabriela Mistral el 1 de enero de 2020».
«Por esta razón», agregó, «ordenamos una auditoría en la CORMU para aclarar ante la Superintendencia de Educación los ingresos, gastos y transferencias bancarias relacionadas con las subvenciones escolares. Estos antecedentes fueron presentamos al Contralor Regional Metropolitano, quien inició una investigación
solicitada por nuestra gestión».
En paralelo, la municipalidad contrató una asesoría legal externa especializada en delitos financieros con recursos estatales, «quien, estudiados los antecedentes, nos instó a presentar en diciembre de 2021 una denuncia ante Fiscalía por presunta malversación de fondos públicos. En la misma línea legal, en marzo de 2022, presenté como alcalde de San Joaquín una querella contra quienes hubiesen resultado responsables de estos hechos irregulares en la subvención escolar ocurridos entre 2017 y 2020, la que ha venido a ser respaldada por el CDE», señaló la autoridad.