El problema de la seguridad y el orden público se ha vuelto más y más complejo. No solo en Chile. Sucede en todo el mundo y las causas son variadas, profundas, y no hay como evitarlas. Se expanden por el planeta como nuevos aprendizajes de la posmodernidad, y lo más que se puede hacer es retardar su llegada y desarrollar técnicas y conductas sociales, además de gestión de gobierno, que limiten su existencia y efectos.
Hay realidades, conductas y opiniones de Gobierno que confirman que, luego de haber sido presidente de la República el presidente Sebastián Piñera recién ahora se dio cuenta que el Estado de Chile, su gobierno y sus policías tenían profundas carencias en el ámbito de la INTELIGENCIA. Apreciación que toca también a su colega Michelle Bachelet porque han sido alternos en el cargo con dos períodos cada uno. Y en lo cual, los prejuicios y la mala fe de los actuales gobernantes impidieron resolver oportunamente, y que hoy los golpean en reversa.
Algo similar sucede en la logística policial de la seguridad. Existe carencia de tecnologías, armas y vehículos y, cuando existen, resultan faltos de mantenimiento o existen en números insuficientes para una planificación también siempre difusa.
El entrenamiento en técnicas de control de multitudes, esencial en las policías de operación urbana, es insuficiente y lento frente al engrosamiento aluvional de una concentración de manifestantes en este tiempo. Y el empleo de las armas con seguridad, precisión y control, requiere empleo de armamento y munición en niveles muy altos de calidad, que el gobierno no financia.
En un Estado de Derecho, las cadenas de mando son profesionalizadas y responsables. En Chile están diseñadas para que las autoridades políticas y administrativas puedan esquivar toda responsabilidad, satisfacer a sus acólitos antes que el bien público de la seguridad, y permitir bajo tácticas de omisión gubernamental que los vándalos y sus líderes practiquen, como lo hicieron durante el estallido social de 2019, la toma y destrucción de la infraestructura pública. El presidente Boric se tomó fotos y videos mostrando como se destruía o eludían los torniquetes del servicio de metro, en un claro alegato pro-violencia dada su calidad de parlamentario en la época. Miembros del Partido Comunista, aunque este públicamente lo niega, impartieron clases en el Instituto Nacional, a sólo tres o cuatro cuadras del escritorio del presidente Piñera, sobre como incendiar estaciones de metro y supermercados.
En este cuadro, resulta insulso que los dirigentes políticos sigan insistiendo como explicación que las necesidades de Inteligencia, equipamiento y entrenamiento policial no eran necesarios ni urgentes en la etapa previa. Y que de la noche a la mañana ahora sí lo son. ¿Dónde estaban los “expertos” universitarios y la prospectiva política? ¿Sólo en la utopía del poder?
Ni qué decir de la Gestión. El 15 de febrero de 2011 se autorizó el incremento de 10.000 carabineros al año 2014 y se asignaron los recursos correspondientes en la ley de presupuestos. El 8 de octubre de 2014 se autorizó el incremento de otros 6.000 carabineros más, sobre los 10.000 anteriores. Nunca se reclutaron. Y buena parte de los $ 26.000 millones apozados para financiar ese gasto, desaparecieron desde las arcas de la institución.
De las autoridades civiles directas nunca se supo nada. Toda la mofa, difamación y acusaciones recayeron solo sobre carabineros. Nunca se cuestionó al Ministerio del Interior y todo desapareció en la nada.
Es efectivo que la falta de probidad financiera y de aspectos logísticos de las policías son responsabilidad directa de sus mandos. Pero esos mandos, al final de la cadena, son los gobiernos. Pero cuando los alcanza, todo transcurre en nebulosas de cámara lenta, en las que se entraman los intereses y asociaciones más oscuras, y nunca se llega al fondo del baúl.
Durante el estallido social el incumplimiento de los planes previos derivó en una sobrecarga laboral inhumana para miles de carabineros que debieron soportar jornadas interminables y peligrosas, mal equipados y luchando, ideológicamente hablando, contra los miembros del mismo gobierno, que titubeaban entre la doctrina de respeto de los DDHH que a todos nos obliga, la aplicación rigurosa de la ley ante violentistas y terroristas, y su adhesión y promesa doctrinaria al cambio político total.
Hoy es imposible seguir con este tipo de improvisaciones. No se trata de más o menos miles de policías, sino de enfrentar el problema en su totalidad, determinar con certeza que es lo que se entiende por seguridad interior y de la ciudadanía, y cómo debe ser el combate a la delincuencia. Es decir, la política debe aclarar hasta donde está dispuesta a llegar, dar la cara y asumir su responsabilidad. Desde el presidente, mandatario constitucional del pueblo de Chile, y para abajo, dejando de “insinuar” órdenes, y haciéndose cargo incluso de los efectos indeseados de la represión.
Es la hora de la seriedad y la moral pública, sin simulaciones y acciones aparentes. Con la voluntad de eficiencia y autoridad de un Estado Democrático de Derecho, de igualdad ante la ley y legalidad y justicia como norma de conducta de los habitantes y ciudadanos del país.
Capitán de Navío (r).