Una lógica del chantaje es la que sostiene la Asociación de Isapres por Ley Corta: “El proyecto es un engaño y fuerza una falla sistémica en el acceso a la salud de todos los chilenos”, dice en el encabezado de una declaración pública donde patea la mesa y, de paso, juega sus cartas apuntando a un salvataje de última ratio que le pueda ofrecer la ultraderecha.
Frente al proyecto de ley, la Asociación argumenta una falacia: Dice que «La Corte Suprema mandató un ordenamiento», cuestión que solo puede sostenerse en cuanto a la readecuación de los planes de la tabla de factores, pero lo más importante es la devolución del dinero que solo se pudo exigir a los contratos previos a abril de 2020.
Luego, sigue su declaración afirmando que «El proyecto que ha ingresado (el Gobierno) al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos». En este punto raya en el delirio, porque dice que no tiene factibilidad alguna, pero no especifica qué. Cuando dice que conduce a un monopolio estatal, la Asociación no repara en que el 85% de las chilenas y chilenos son atendidos por Fonasa y sólo un 15% por las isapres y, por tanto, sostener que el proyecto de ley dañaría «el acceso a la salud de todos los chilenos» es para entrar al diván de Freud.
Es en el siguiente punto donde este grupo de especuladores de la salud llegan al delirio, cuando sostienen que «La propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de Isapre y en particular con los enfermos». Si hay alguien que ha sido indolente con los usuarios han sido las isapres, en particular con los enfermos. La integración vertical entre clínicas y administradoras ha llevado a tener cautivos a miles de personas haciéndose exámenes que muchas veces no necesitan y como afirman «en particular con los enfermos», pues son los más necesitados para salvar sus bienes del remate, ante las elevadas cuentas que significa hoy día enfermarse.
Luego la Asociación critica la ley corta y la acusa que «Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión». En este punto es donde develan la amenaza: «Si no nos salvan, quebramos y ustedes no cobran». Es probable, porque las garantías que entregan a la Superintendencia de Salud son ínfimas al lado de los 1.400 millones de dólares que deben pagar, y se ponen el parche antes de la herida al señalar que «La iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema Isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa, que no da abasto para atenderlas». Lo cierto es que Fonasa no es quien debe dar abasto para atender a los 3 millones de usuarios, sino los mismos que hoy prestan la atención son los que deberán ofrecerla, pues las isapres no atienden enfermos.
El cierre de la declaración es un llamado al Congreso para el salvataje: «Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas. Hemos sobrevivido una cruenta pandemia, combinando los esfuerzos públicos y privados. Esperamos que el Congreso evite una nueva y mayor emergencia sanitaria, y el desmantelamiento del sistema privado de salud». En estas líneas tratan de infundir temor a las y los usuarios, personas desideologizadas, que son víctimas de la política. Y pensar que la Corte Suprema falló en contra de las isapres y deberán, sí o sí, pagar. Lo demás, a la Fifa.