Chile ha asistido a un preocupante aumento del crimen organizado en todo el país, cuyo foco central ha sido el narcotráfico. Sin in más lejos, el Observatorio del Narcotráfico en 2021 identificó dos carteles mexicanos y uno colombiano con peligrosas operaciones en el territorio nacional. Estos serían Jalisco Nueva Generación, Sinaloa (El Chapo Guzmán) y el Cartel del Golfo, del Valle de Cauca.
Lo preocupante de estas organizaciones criminales es que establecen alianzas con grupos locales para empoderarse e imponer el terror en las principales comunas y ciudades del país, debilitando con esto al Estado y permeando toda la institucionalidad. Pero no es lo único que se detectó, pues el informe estableció que la pandemia empujó el incremento en la producción de marihuana local y de drogas sintéticas, lo que posibilitó que grupos internos entraran al mercado de la droga y se aliaran con estas bandas organizadas para ampliar el consumo, su producción y la oferta entregada.
El dilema de esto es que el uso de la violencia como forma de resolución de conflictos se instaló como el principal mecanismo de imposición del poder, acción que insegurizó al país y amedrentó a la sociedad. Al crecer las bandas organizadas su actuar violento aumentó y con ello la percepción de abandono social se ramificó en el país, transformando a la delincuencia en la principal preocupación de los ciudadanos. Por tanto, una primera explicación sobre el alza del uso de la violencia en distintas partes de Santiago y del país estaría dada por la disputa territorial entre estas bandas transnacionales y otras bandas locales, ya que la disputa por un territorio implica contar con acceso a armamento de grueso calibre y a trabajar por eliminar a tu adversario territorial y adueñarte de su espacio de dominio. Pero bajemos esta realidad a cifras concretas.
Mientras siga predominando el interés puramente electoral y no estructural, el crimen organizado seguirá expandiéndose por todo Chile, debilitando aún más al Estado hasta llegar a un punto sin retorno.
A comienzos del año 2022 Chile registró 2,5 homicidio al día, el ajuste de cuentas representó un 30% de esos asesinatos y un 53% de ellos se realizó con armas de fuego. Si comparamos con el año 2016, el ajuste representaba solo un 11%. ¿Por qué llegamos a esto? Evidentemente hubo una inacción de parte del Estado por geolocalizar la instalación de las bandas en los territorios e identificar las alianzas criminales sostenidas por estos grupos y sus mecanismos de reclutamiento.
Es justamente esa alianza la que hoy tiene desorientado al Estado, pues al no al anticiparse a los movimientos que desarrolla el crimen organizado, la agenda política y de seguridad interna termina por fracasar, dando pie a críticas sobre cómo abordar esta realidad país y a una permanente erosión institucional. Ahora bien, no es una cuestión solo de recursos, sino que también de claridad del problema, pues para el Estado resulta más peligroso el movimiento popular que el crimen organizado, lo que es totalmente incomprensible para el Chile actual.
Un segundo factor que explica el fracaso del Estado en esta materia dice relación en cómo se percibe el fenómeno, ya que la percepción de riesgo es asimétrica en Santiago, idea que se expande a nivel nacional. Es decir, la sensación de inseguridad no es la misma en La Pintana o en Maipú, que, en Las Condes o Lo Barnechea, pues hasta el acceso a la seguridad se convierte en una cuestión de clase social.
Al tener ese nivel de diferenciación territorial es evidente que las políticas públicas elaboradas serán equivocadas, ya que el fenómeno se interpreta más bien como algo coyuntural y no como una violencia de tipo estructural, transformando a la inseguridad en un mero producto para ganar elecciones y no como una preocupación central nacional.
Mientras siga predominando el interés puramente electoral y no estructural, el crimen organizado seguirá expandiéndose por todo Chile, debilitando aún más al Estado hasta llegar a un punto sin retorno. Por lo mismo, llegó la hora de crear políticas serias alejadas del populismo penal para que el fenómeno del crimen organizado sienta que el Estado funciona y poder persuadir su peligrosa operación, diseñando una agenda política que asuma esta realidad y pensada seriamente en el bien del país.
Analista Político UTEM. 
