El mandatario dimitió mediante un video en redes sociales ante la inminencia de un juicio político en el Congreso y tras la intervención estatal de la entidad financiera.
Un remezón político de gran magnitud sacudió a Paraguay este jueves 5 de noviembre de 2026, luego de que el presidente Santiago Peña anunciara su renuncia al cargo en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank. La dimisión del jefe de Estado se produjo a pocas horas de que el Congreso diera inicio a un juicio político en su contra, motivado por los vínculos del gobernante con la firma bancaria privada que recibió abultados recursos públicos durante su gestión.
A través de un mensaje grabado y difundido en sus canales oficiales, Peña hizo pública su decisión argumentando razones de estabilidad institucional. «He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», manifestó el gobernante, quien aprovechó la instancia para dirigirse a la ciudadanía expresando que «nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí».
El dimitido jefe de Estado puso énfasis en la incertidumbre que atraviesa el sector bancario y la situación de los ahorrantes tras la acción del órgano regulador. «Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el fondo de garantía de depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos», enfatizó Peña, asegurando además que su prioridad inmediata apunta a «la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero».
La salida del jefe de Estado había sido anticipada por Rodolfo Friedmann, dirigente integrante de la Junta de Gobierno del oficialista Partido Colorado. Según los acuerdos de la colectividad de gobierno, la Presidencia de la República será asumida por el actual vicepresidente Pedro Alliana, en tanto que la posición vacante en la Vicepresidencia quedará a cargo de Antonio Barrios.
La crisis institucional escaló vertiginosamente luego de que la oposición y facciones del propio oficialismo formalizaran un libelo acusatorio con cinco causales en el Parlamento. Entre los cargos atribuidos se detallan eventuales conflictos de interés, cuestionadas maniobras en la administración de fondos de pensiones y transacciones crediticias por un monto estimado en US$123 millones dirigidas a firmas vinculadas. Asimismo, la acusación reprocha la tenencia accionaria del mandatario en Ueno Holding, luego de que su declaración jurada ante la Contraloría General revelara la posesión de títulos por un valor nominal de 6.144 millones de guaraníes.
El colapso de la firma y la posterior intervención decretada por el Banco Central de Paraguay desataron multitudinarias protestas de clientes e intensas turbulencias financieras, precipitando un escenario de insostenibilidad política que culminó con el término anticipado del gobierno.
