La Moneda desvinculó a la autoridad de Justicia luego de que divulgara sin autorización previa un registro defendiendo su firma en las rebajas de condenas, en momentos en que la Fiscalía abrió una causa penal por prevaricación contra los altos mandos del ministerio.
La marejada política originada por la concesión de beneficios penitenciarios a condenados por delitos sexuales contra menores provocó su primera caída en el gabinete del Ejecutivo. El Gobierno concretó este viernes la remoción de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia, luego de que La Moneda comenzara a evaluar ajustes en la repartición a raíz de la publicación de un video en redes sociales donde la autoridad intentó justificar su participación en la firma de los cuestionados decretos exentos.
La salida del funcionario se aceleró tras confirmarse que el material audiovisual fue grabado y difundido sin la autorización ni el conocimiento previo del ministro de la cartera, Fernando Rabat. Fuentes del Palacio de Gobierno advirtieron que la administración no podía pasar por alto conductas que alteraran el orden y el diseño político oficialista en medio de la crisis, por lo que se determinó la destitución del subsecretario mientras el ministro Rabat se mantiene en su cargo.
En el registro difundido en sus plataformas personales, el ahora exsubsecretario buscó desmarcarse de una responsabilidad discrecional en la rebaja de penas sosteniendo que «el ministro de Justicia decidió ajustar el criterio jurídico» aplicado para resolver las solicitudes. Asimismo, la exautoridad explicó su firma en las resoluciones argumentando que «A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, pero cuando el ministro no está, lo subroga el subsecretario».
Frente a las críticas por la falta de coordinación interna, Silva ofreció un punto de prensa donde admitió no haber informado previamente al secretario de Estado sobre la emisión del mensaje. «No estimé necesario consultarlo con el ministro», reconoció el personero, argumentando que su objetivo principal fue «informar a la ciudadanía sobre una materia que existe un gran desconocimiento». En sus descargos, Silva aseguró que «como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con el ministro, porque no estaba diciendo en él, y lo pueden comprobar fácilmente, nada distinto de lo que el ministro ya había dicho el día miércoles en la Cámara de Diputados».
El remezón en el Ministerio de Justicia coincidió con un complejo avance en el frente judicial. Durante la misma jornada, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte confirmó el inicio de una investigación penal por el delito de prevaricación administrativa en contra del ministro Fernando Rabat y del propio Luis Silva. La causa quedó radicada tras la denuncia interpuesta por los diputados opositores Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) ante el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien remitió los antecedentes para determinar eventuales responsabilidades penales en la tramitación de las atenuaciones de condena. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha oficializado quién asumirá la titularidad de la Subsecretaría de Justicia.
