Chile registra hoy 0,99 hijos por mujer — la tasa de natalidad más baja de la historia de la región. La cifra circula en cada informe demográfico, cada columna de opinión, cada advertencia sobre el futuro del sistema de pensiones. Lo que casi nunca se menciona junto a ella es otra cifra, igual de real, que rara vez comparte titular: cuántos embarazos no terminan en nacimiento.
La pérdida gestacional espontánea afecta, según estimaciones médicas convergentes, entre el 10% y el 20% de los embarazos clínicamente reconocidos — cifra que puede acercarse al 40% o 50% si se incluyen los embarazos bioquímicos, aquellos perdidos antes de que la mujer siquiera sepa que está embarazada. La Organización Mundial de la Salud registra, además, aproximadamente 73 millones de abortos inducidos al año en el mundo. Sumando ambas cifras a lo largo de una vida reproductiva completa, la proporción de embarazos que no terminan en nacimiento puede acercarse, para muchas mujeres, a un tercio o más de su historia reproductiva total.
Chile no lleva una estadística nacional consolidada que cruce estos datos con la caída de la natalidad. Pero vale la pena preguntarse si esa ausencia estadística no es, ella misma, un síntoma del mismo patrón que otras cifras del país ya documentan con más claridad.
Una cuarta sordera, leída desde otro ángulo
La caída de la natalidad chilena suele leerse como decisión racional agregada: costos de vivienda, incertidumbre laboral, postergación de proyectos personales. Todo eso es cierto y verificable. Pero hay una capa que ese análisis económico no alcanza a tocar: qué le ocurre, en el plano psíquico, a una sociedad que atraviesa embarazos perdidos —espontáneos e inducidos— en una proporción tan alta como la que documenta la evidencia médica, sin ningún espacio institucional, ritual o social consolidado para procesarlos.
Bert Hellinger, fundador de las Constelaciones Familiares, identificó explícitamente el aborto —espontáneo o provocado— como el ejemplo más citado de exclusión sistémica en su propia obra: «todos los niños dados a otra persona, escondidos o abortados». Su tesis central, sostenida durante décadas de práctica clínica, es que lo que una familia no reconoce ni nombra no desaparece — se transmite, silenciosamente, a la generación siguiente, hasta que alguien, sin saber por qué, carga un peso que no le pertenece del todo.
Seis sorderas, y una cadena que pocas veces se lee completa
Chile ya tiene, documentadas con cifras oficiales, seis formas de sordera institucional que se ejecutan sobre el mismo cuerpo, en momentos distintos de una misma vida: la primera hora de vida negada en cuatro de cada cinco partos; la primera infancia sin educación preescolar ni sostén comunitario que la acompañe; el trabajo de cuidado sostenido sin remuneración ni reconocimiento previsional; la natalidad en descenso abrupto que ocupa el centro de este artículo; la formación afectiva y sexual que nunca llega a tiempo para la adolescencia — Chile cuenta, desde 2010, con una ley que reconoce la necesidad de esa formación, pero sin contenido mínimo obligatorio que la sostenga en la práctica—; y la violencia de género que se denuncia sin protección cautelar real, donde más de la mitad de las víctimas de femicidio frustrado había denunciado antes del ataque.
Estas seis sorderas rara vez se leen como una sola cadena, aunque se toquen entre sí con más frecuencia de la que el debate público reconoce. Sin educación afectiva y sexual oportuna —la quinta sordera—, aumenta la probabilidad de embarazos no buscados en la adolescencia: algunos terminan en aborto inducido, otros en nacimientos para los que la propia adolescente no contaba con información ni recursos reales para decidir con autonomía. El mismo país que no garantiza la primera hora, que segrega la educación temprana, tampoco entrega a tiempo la formación que permitiría a sus futuros adultos ejercer una decisión reproductiva genuinamente informada — antes de que la pregunta sobre maternidad o paternidad se les imponga, en vez de elegirse.
En todos estos casos, el patrón se repite: algo ocurre, alguien lo dice, y el sistema no responde con la forma que ese dolor necesitaría para procesarse. La pregunta que vale la pena formular, con la misma honestidad exigente que exige cualquier hipótesis todavía no probada del todo, es si la relación de un país entero con sus propios embarazos perdidos —sin ritual, sin nombre, sin espacio institucional para el duelo— no es, acaso, una quinta variante de la misma arquitectura de silencio.
No se trata de afirmar que la caída de la natalidad tiene una única causa emocional no procesada. Sería una simplificación tan falsa como ignorar por completo esa dimensión. Se trata, más bien, de preguntar si un país que aprendió a no nombrar sus pérdidas gestacionales —igual que aprendió a no nombrar la sordera hacia la primera infancia, hacia el cuidado, hacia la denuncia de violencia— puede sostener, al mismo tiempo, un vínculo sano y libre de miedo con la decisión de traer nuevos hijos al mundo.
Una ley que Chile ya tiene, y casi nadie usa
Lo notable es que Chile ya dio este paso legal. La Ley 21.647, que crea el Registro Nacional de Mortinatos, promulgada en 2022, permite a madres y padres inscribir voluntariamente, con nombre, apellido y sexo, a un hijo fallecido antes de nacer — con efecto retroactivo para pérdidas anteriores a la ley. Antes de esa norma, la muerte de un niño en gestación implicaba, literalmente, su invisibilidad administrativa: ni siquiera el nombre elegido por sus padres podía figurar en la tumba, reemplazado por la sigla NN. Según estimaciones oficiales citadas durante la tramitación, más de dos mil familias chilenas enfrentan esta situación cada año.
La ley existe. La pregunta que este artículo deja abierta es cuánta gente la conoce, cuánta la usa, y si el reconocimiento legal de un nombre, sin ningún acompañamiento ritual o comunitario que lo sostenga, basta para que ese duelo deje de transmitirse en silencio de una generación a la siguiente. Un país puede tener, en el papel, exactamente el mecanismo que la evidencia sistémica recomienda, y aun así no haber resuelto el problema que ese mecanismo pretendía nombrar — si la ley queda ahí, disponible pero desconocida, sin que nadie la mencione en la sala de parto ni en el control médico posterior a una pérdida.
Un país que empieza, apenas, a contar en voz alta cuántas horas de vida les niega a sus recién nacidos, cuánto trabajo de cuidado deja sin remunerar, cuántas denuncias de violencia quedan sin protección real, ya tiene, en el caso de los mortinatos, la herramienta legal que le falta en las otras sorderas que este texto documenta. El desafío, aquí, no es legislar. Es que esa ley deje de ser un derecho silencioso, y se convierta en una pregunta que alguien, en el momento exacto de la pérdida, se atreva a hacer en voz alta.
