La última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la cuarta semana de agosto de 2026, reveló una marcada desaprobación ciudadana hacia el sistema de justicia en Chile. Un 75% de los encuestados evalúa negativamente al Poder Judicial, lo que representa un aumento de nueve puntos porcentuales en comparación con la medición de 2024. Asimismo, un 82% de las personas sostiene que la institución no asegura la igualdad ante la ley.
El sondeo evidencia un profundo déficit de confianza pública en diversas dimensiones del organismo: un 83% declara que el Poder Judicial no le genera confianza, un 81% no lo considera imparcial, un 79% cuestiona la claridad y transparencia de sus procedimientos, un 77% estima que no es eficiente y un 61% cree que no es completamente autónomo. En la misma línea, los principales tribunales del país sufrieron caídas significativas en sus evaluaciones positivas (calificaciones con notas de 5 a 7): la Corte Suprema cayó al 23% de aprobación (14 puntos menos) y las Cortes de Apelaciones retrocedieron al 22% (18 puntos menos).
Al identificar a los responsables de que la justicia no funcione de la manera esperada, los jueces concentran las críticas ciudadanas con un 67% de las menciones, anotando un alza de 18 puntos respecto a las evaluaciones previas. Más atrás en el listado de responsabilidades se ubican las leyes con un 39% (cinco puntos menos), la Fiscalía y los fiscales también con un 39% (tres puntos más), y el Gobierno con un 31% (seis puntos menos).
Agenda de seguridad y evaluación presidencial
La encuesta también abordó la percepción sobre la agenda penitenciaria y de seguridad del Ejecutivo. El respaldo al Plan Cancerbero experimentó un retroceso, llegando a un 45% de personas que creen que constituye un cambio real en las cárceles (17 puntos menos), frente a un 51% que lo califica como un «espectáculo comunicacional». Este declive coincide con que un 65% de la ciudadanía supo del revés judicial que sufrió la iniciativa después de que un juez de garantía revirtiera la decisión de Gendarmería de trasladar a ciertos reclusos a la cárcel de Talca, una resolución judicial con la cual el 67% manifestó estar en desacuerdo.
Por su parte, la propuesta del Gobierno para crear un nuevo Estado de Excepción cuenta con un 50% de apoyo si es que requiere autorización del Congreso y renovación cada 30 días, mientras que un 33% la prefiere si se mantiene como atribución exclusiva del Presidente por un período de 120 días.
Finalmente, en el ámbito político, el Presidente José Antonio Kast cerró el mes de agosto con un promedio de 39% de aprobación (dos puntos más que en julio) y un 59% de desaprobación, registrando en la cuarta semana del mes un 38% de apoyo a su gestión.



