El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una nueva querella criminal contra el abogado Luis Hermosilla y el empresario Álvaro Jalaff, fundador del Grupo Patio, abriendo una compleja arista en el denominado «Caso Audios». La acción judicial, ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, imputa delitos de cohecho agravado, soborno y tráfico de influencias relacionados con las gestiones para viabilizar el proyecto industrial Parque Capital en la comuna de Lampa.
La confesión y el pago de la «cometa» La querella se sustenta en gran medida en la reciente declaración de Álvaro Jalaff, quien confesó ante la Fiscalía haber pagado una millonaria coima al penalista para «destrabar» la iniciativa. Según el organismo estatal, Jalaff incorporó a Hermosilla a las gestiones debido a su «muy buena relación con diferentes autoridades» del segundo gobierno de Sebastián Piñera.
El CDE sostiene que Hermosilla solicitó un pago cercano a los $300 millones en efectivo (equivalente a unas 10.000 UF de la época), los cuales fueron cancelados entre 2019 y 2021 sin la emisión de boletas ni facturas. En los chats de WhatsApp revelados, Jalaff incluso hacía referencia a la necesidad de «amarrar bien la cometa» antes de que saliera la aprobación del proyecto.
«Ward en vivienda espectacular» Uno de los puntos más críticos de la querella describe cómo Hermosilla habría utilizado su posición como asesor del Ministerio del Interior para influir en otras reparticiones. Tras el nombramiento de Felipe Ward como ministro de Vivienda en 2020, Hermosilla celebró la noticia con un mensaje a Jalaff calificándola de «buena buena» y agregando que «Ward en vivienda espectacular».
El escrito detalla gestiones directas ante el ministro y presiones hacia la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana. Según testimonios de funcionarios, se instruyó dar «máxima prioridad» a Parque Capital, logrando que informes técnicos que inicialmente eran negativos debido a restricciones normativas, fueran revertidos en menos de 24 horas para permitir su aprobación final en agosto de 2021.
Un golpe a la estrategia de defensa Para los expertos, esta nueva acción del CDE cambia drásticamente el panorama judicial de Hermosilla, ya que ahora se le investiga formalmente en su calidad de funcionario público y no como un actor privado. El organismo identifica dos actos de corrupción distintos: el tráfico de influencias para favorecer intereses económicos y la recepción ilícita de los $300 millones.
Esta nueva circunstancia no solo complejiza su defensa técnica al enfrentar penas más altas, sino que también podría impactar en sus actuales medidas cautelares, abriendo la puerta a resoluciones más gravosas mientras se discute la formalización de los involucrados en esta arista.
