En un país donde el acceso a la educación superior ha sido una lucha histórica, resulta paradójico que quienes hoy ostentan los cargos más altos y mejor remunerados de la administración pública sean los mismos que mantienen millonarias deudas con el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). Según una investigación publicada originalmente por MEGA, al menos 33 funcionarios de élite, con sueldos que superan los $10 millones mensuales, adeudan en conjunto más de $380 millones al sistema que financió sus estudios.
Los «guardianes» de la fe pública en mora Lo más crítico de este hallazgo no es solo el monto, sino la procedencia de los deudores. El fenómeno no es aislado: existen cerca de 1.000 funcionarios públicos que ganan más de $5 millones y figuran como morosos en el sistema. Las instituciones que deberían velar por la transparencia y la legalidad están en el ojo del huracán:
- Contraloría General de la República: El organismo encargado de cuidar los recursos públicos tiene a 118 funcionarios en mora, sumando una deuda estratosférica de $1.115 millones. Entre ellos, nueve profesionales deben más de $30 millones cada uno.
- Fiscalía Nacional: El propio Fiscal Nacional, Ángel Valencia, figuraba hasta hace pocos días con una deuda superior a los $15 millones (218 UTM), la cual regularizó recientemente tras las consultas periodísticas.
- El Congreso: Un bastión de deudores donde 32 funcionarios (incluyendo abogados de comisión y taquígrafos con sueldos «top») adeudan más de $347 millones.
Del olvido administrativo al eventual delito Mientras la Tesorería General de la República ha iniciado una ofensiva para cobrar deudas del CAE a quienes perciben más de $5 millones, el Fondo Solidario revela una arista ética y legal más profunda. Al margen de la morosidad, ya existe una querella por perjurio en curso. Esto se debe a que estos altos funcionarios no habrían incluido sus deudas universitarias en sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), un documento oficial obligatorio para quienes ejercen poder en el Estado.
El costo social del privilegio La implicancia de que una autoridad con sueldo de $12 o $13 millones no pague su crédito no es solo contable. Como advierten rectores de universidades estatales, el no pago del Fondo Solidario asfixia la capacidad del sistema para entregar beneficios a nuevos estudiantes de escasos recursos. En la práctica, el bienestar de los actuales directivos del Estado está frenando el futuro de miles de jóvenes que hoy dependen de ese mismo fondo para entrar a la universidad.
Esta investigación, revelada por MEGA pone sobre la mesa una pregunta incómoda para la actual administración: ¿Cómo se puede exigir austeridad y cumplimiento de la ley al ciudadano común cuando en las oficinas de la Contraloría, la Fiscalía y el Congreso se acumulan deudas millonarias por estudios que ya dieron sus frutos económicos?.
