El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha lanzado una ofensiva legislativa que busca terminar con la impunidad ética en el ejercicio de la abogacía. En el marco de la reforma al sistema judicial, el titular de la cartera propuso ante la Comisión de Constitución del Senado facultar a la Fiscalía Judicial para dictar normas transversales que alcancen tanto a jueces como a abogados, sin importar si pertenecen o no a un gremio profesional.
El fin del «vacío legal» para los no colegiados Actualmente, miles de abogados en Chile operan en una zona gris donde, al no estar colegiados, no están sujetos a sanciones disciplinarias efectivas. El plan de Rabat busca que cualquier conducta indebida sea revisada directamente por tribunales civiles mediante procesos rápidos y sumarios. Para esto, se otorgará a los colegios profesionales la facultad de denunciar incluso a quienes no son sus miembros, bajo la premisa de facilitar el reclamo ciudadano ante malas prácticas.
Sanciones que golpean el bolsillo y el título La propuesta de Rabat no es solo simbólica; incluye castigos severos diseñados para desincentivar la participación de profesionales en tramas de corrupción como el «Caso Audio» o la denominada «trama bielorrusa». Si se comprueba una infracción grave, los abogados podrían enfrentar:
- Multas millonarias: Pagos a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades Tributarias Anuales, lo que equivale a cerca de $8 millones de pesos.
- Suspensión del ejercicio: La inhabilitación para ejercer la profesión por un periodo que va desde los dos meses hasta los tres años.
La respuesta a una crisis de confianza Este endurecimiento de las reglas surge tras la autocrítica de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien reconoció que la corrupción detectada en las altas cortes ha contado con la participación activa de abogados como parte de engranajes ilícitos. Con este proyecto, el Ejecutivo busca cerrar la puerta a la discrecionalidad y asegurar que ningún profesional del derecho, independientemente de su afiliación gremial, esté exento de un control ético riguroso y judicializado.
