La gestión de las instituciones fiscalizadoras en Chile ha entrado en una zona gris donde la «pérdida de confianza» parece ser el eufemismo para frenar investigaciones incómodas. El reciente cese de José Miguel Salazar como Superintendente de Educación Superior no es solo un ajuste de gabinete; es una señal política que ocurre justo cuando el ente regulador terminaba de cercar las irregularidades financieras en la Universidad San Sebastián (USS).
La investigación que selló un destino Según reveló originalmente el medio Reportea, Salazar y su equipo técnico habían concluido una indagatoria de 14 meses que detectó un patrón de contrataciones fuera de toda norma en el plantel. El informe, que hasta ahora se mantenía bajo estricto sigilo, cuestiona el pago de sueldos millonarios a cerca de 15 figuras políticas, destacando los 17 millones de pesos mensuales que percibía la exministra Marcela Cubillos y las remuneraciones del actual presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.
La gravedad del hallazgo radica en que la USS habría violado sus propias reglas internas: se ignoraron las bandas salariales establecidas y se contrataron académicos que no cumplían con los requisitos mínimos de postgrado exigidos por el reglamento institucional. Para un plantel que ya arrastra una sanción previa por mantener una «sede fantasma» en Rancagua, este nuevo proceso no permitía una simple amonestación, sino que obligaba a una sanción de mayor envergadura que el Gobierno decidió interrumpir con la salida del fiscalizador.
El blindaje en tiempos de Kast La coincidencia entre la revelación de estas conclusiones y la petición de renuncia inmediata a Salazar ha levantado sospechas transversales. Mientras que la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, argumentó una instalación de «nuevas autoridades», la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, calificó el hecho como «bien curioso», sugiriendo que la remoción busca proteger a una universidad que funciona como refugio político para la derecha.
El vínculo es estrecho: la nómina de la USS incluye no solo a Squella —quien es considerado un asesor directo del Presidente José Antonio Kast—, sino también al exfiscal Manuel Guerra, hoy en prisión preventiva por cohecho, cuyo arribo a la universidad es investigado como un presunto pago por favores judiciales. Con el investigador fuera del tablero y una vacante que será llenada por el Ejecutivo, la sanción que debía imponerse en los próximos días queda en un limbo administrativo, transformando un caso de transparencia académica en un evidente gallito de poder en las altas esferas de La Moneda.
