Tras casi una década de inacción estatal en el cobro de créditos universitarios, el tablero de la política fiscal en Chile ha dado un giro radical. El gobierno de José Antonio Kast ha decidido romper la tregua con los morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), pero con un objetivo quirúrgico: no se busca perseguir a quienes atraviesan precariedad económica, sino a profesionales de altos ingresos que, a pesar de su éxito financiero, han dejado de cumplir con sus obligaciones.
El fin del «perdonazo» sistémico La estrategia, liderada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, marca una ruptura definitiva con la lógica de condonación que impulsó la administración de Gabriel Boric. Según las cifras oficiales, desde 2017 el Estado no ha iniciado procesos de cobro, lo que ha generado que actualmente solo el 40% de los beneficiarios mantenga sus pagos al día. El nuevo enfoque gubernamental busca recuperar una deuda acumulada que, solo en el grupo de mayores ingresos, alcanza la astronómica cifra de 800 millones de dólares.
El perfil de los señalados: Sueldos de 5 millones y deudas impagas El foco del Ministerio de Hacienda está puesto en un segmento específico que Quiroz define como personas que «no son desvalidas». El gobierno ha identificado a deudores con rentas brutas superiores a los 1,5 millones de pesos, pero el dato más revelador apunta a la cima de la pirámide: existen 1.800 personas en el país que perciben salarios superiores a los 5 millones de pesos mensuales y que, aun así, mantienen deudas morosas con el fisco por un total de 20 millones de dólares.
Embargos y juicios ejecutivos: La nueva realidad La advertencia desde Teatinos 120 es clara: la etapa de las invitaciones a «ponerse al día» está dando paso a la ejecución forzosa. El titular de Hacienda adelantó que el Estado actuará con agilidad mediante juicios ejecutivos que incluirán embargos para garantizar el retorno de los recursos públicos. Esta medida busca no solo sanear las arcas fiscales, sino enviar una señal de responsabilidad financiera en un sistema que estuvo paralizado por años.
Tranquilidad para los sectores vulnerables A pesar de la dureza del discurso contra los grandes morosos, el Ejecutivo ha intentado matizar el impacto social de la medida. Para aquellos egresados que han tenido dificultades en el mercado laboral o que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, el ministro Quiroz prometió un «trato correcto», asegurando que el despliegue de la fuerza legal del Estado no los tendrá a ellos como objetivo primordial. Con este movimiento, el gobierno de Kast busca reinstalar la cultura del pago en la educación superior, transformando una crisis de morosidad en una cruzada por la justicia distributiva de los recursos estatales.
