La retórica de campaña suele chocar con la fría aritmética del Estado, y el gobierno de José Antonio Kast acaba de recibir su primer baño de realidad en materia de seguridad fronteriza. Aunque el plan «Rescate Capital» prometía una salida inmediata para quienes ingresaran de forma irregular, el futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, ha destapado una crisis de gestión y presupuesto que amenaza con congelar la principal bandera del nuevo oficialismo.
La aritmética del avión El problema no es solo de voluntad política, sino de caja. Según las proyecciones técnicas, el costo operativo de expulsar a una sola persona ronda los tres millones de pesos. Con un inventario de 37 mil expulsiones ya decretadas que quedaron en el aire y otras 85 mil en pleno trámite, la factura para cumplir con la ley asciende a cifras que el presupuesto actual no puede cubrir sin una inyección masiva de recursos que deberá ser visada por el Congreso.
Sauerbaum ha sido enfático en que, para mover esta maquinaria, será indispensable el apoyo logístico de la Fuerza Aérea, transformando lo que era una promesa administrativa en un despliegue de seguridad nacional.
El nudo diplomático y la «herencia» de Boric Más allá del dinero, Chile enfrenta un bloqueo en sus pistas de aterrizaje. Mientras países como Bolivia y Colombia han mostrado apertura para las reconducciones, el gran escollo sigue siendo Venezuela, país de origen de casi la mitad de los sancionados. Sin un acuerdo diplomático de alto nivel, los aviones de expulsión simplemente no tienen dónde aterrizar, lo que obliga a la administración de Kast a buscar una carambola diplomática que incluya incluso a Estados Unidos.
A esto se suma lo que en el equipo de Kast califican como una «situación extraña»: el gobierno de Gabriel Boric dejó listos para firma 23 mil trámites de nacionalización justo antes de partir. Existe la sospecha oficial de que la administración saliente retuvo estas firmas para evitar el costo político de ser el gobierno con más nacionalizaciones en la historia, heredando ahora al nuevo gabinete la presión de resolver 120 mil solicitudes pendientes.
Del decreto al Código Penal Ante este escenario, la estrategia de La Moneda virará hacia el Congreso. La prioridad inmediata es empujar la ley que tipifica el ingreso clandestino como un delito. La lógica es simple: si entrar por la ventana es un crimen y no solo una falta administrativa, el Estado espera saltarse los largos procesos actuales y acelerar las salidas.
Mientras tanto, el nuevo Servicio de Migraciones prepara una ofensiva de fiscalización laboral junto a la PDI y el SII para asfixiar los «incentivos perversos» de la informalidad, marcando el inicio de una era donde la mano dura intentará compensar, con leyes y operativos, lo que la billetera fiscal hoy no puede pagar.
