La Municipalidad de Ñuñoa se encuentra en el ojo del huracán tras confirmarse el fugaz regreso de Tomás Fuentes, militante de Renovación Nacional (RN) y ex diputado, a las filas de la administración de Sebastián Sichel. Solo horas después de renunciar a su cargo como administrador municipal debido a una condena por conducción en estado de ebriedad, el alcalde lo reubicó en un nuevo puesto de confianza, desatando una ola de críticas por lo que se acusa como un blindaje político.
Fuentes, quien llegó al municipio de la mano de Sichel en diciembre de 2024, arrastraba una situación judicial crítica desde octubre de ese mismo año, cuando fue sorprendido conduciendo un “vehículo BMW” con un nivel de “2,16 gramos de alcohol por litro de sangre”. Tras quedar la sentencia a firme, la justicia le impuso una pena de 41 días de presidio —sustituida por “remisión condicional con firma mensual”— y la suspensión para ejercer cargos públicos por dicho periodo.
A pesar de haber dimitido el pasado 3 de marzo para evitar una posible destitución impulsada por el concejo, el ex parlamentario fue recontratado de inmediato como director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). Según la información revelada por la fuente original, BioBioChile, el alcalde Sichel justificó la medida asegurando que Fuentes fue condenado por hechos previos a su llegada al municipio y que “asume Dideco porque hace bien su trabajo en Ñuñoa”.
La defensa del jefe comunal no se detuvo ahí. Sichel calificó la ofensiva de los concejales de oposición como una “moralina del Frente Amplio” y defendió la gestión del ex diputado de RN, afirmando que decidió reincorporarlo por “hacer una gran pega reconocida por todos”. Asimismo, el alcalde fue enfático al declarar ante el Concejo Municipal que “no hay ninguna inhabilidad, ni parcial ni total, que pese sobre el exadministrador municipal” para ejercer su nuevo cargo.
Sin embargo, la controversia está lejos de terminar. Mientras Fuentes debe cumplir su proceso de control anual en el Centro de Reinserción Social Oriente asignado por Gendarmería, diversos ediles ya anunciaron que “recurrirán a la Contraloría” para cuestionar la legalidad de este nombramiento, poniendo en duda la ética de mantener en puestos estratégicos a figuras que cumplen condenas vigentes.
