En una jornada marcada por la tensión y un resultado extremadamente ajustado, la Sala del Senado visó en general —con 23 votos a favor y 22 en contra— la propuesta legislativa que busca permitir el cumplimiento de condenas fuera de los recintos penitenciarios para reos que presenten cuadros graves de salud, discapacidad o edad avanzada.
La iniciativa, impulsada por sectores de derecha, ha desatado una tormenta política debido a que su redacción actual no discrimina por el tipo de delito cometido. Según reportó la, La Tercera, el texto legal descansa sobre cinco ejes fundamentales: «finalidad preventiva, exclusión de la retribución, principio de normalidad, responsabilidad de la autoridad y derecho a la salud y muerte digna».
Los requisitos para salir de la cárcel
El corazón del proyecto establece la reclusión domiciliaria total como sustituto de la cárcel. Para acceder a este beneficio, el interno deberá acreditar condiciones específicas ante un tribunal:
- Padecer una patología crónica cuyo encierro «le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad».
- Sufrir una enfermedad incurable en fase terminal.
- Presentar una discapacidad donde la privación de libertad resulte inadecuada, «implicándole un trato indigno, inhumano o cruel».
- Tener 80 años o más, o bien contar con al menos 70 años si la suma de su edad y el tiempo efectivo en prisión alcanza los 80.
Nombres que generan indignación
La mayor controversia radica en quiénes podrían verse beneficiados ante la ausencia de filtros por gravedad de delitos. En la lista figuran internos de Punta Peuco como Miguel Krassnoff, condenado por múltiples violaciones a los derechos humanos, quien podría apelar a su deterioro físico o edad.
Pero el alcance va más allá de causas políticas. Criminales de alta connotación social como Hugo Bustamante (caso Ámbar Cornejo), Julio Pérez Silva (el psicópata de Alto Hospicio) y María del Pilar Pérez, conocida como “La Quintrala”, también quedarían en posición de solicitar la sustitución de sus penas al cumplir los requisitos etarios o médicos.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió que la propuesta es «técnicamente deficiente» y alertó que, bajo estos términos, la cifra de beneficiarios podría dispararse hasta los 12 mil condenados. Tras esta aprobación inicial, el Congreso fijó como plazo el lunes 16 de marzo para presentar indicaciones y corregir los puntos más polémicos antes de su paso a la Cámara de Diputados.
