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Un Recurso de Protección de Derechos Constitucionales fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíspo en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso por la adjudicación eventualmente ilegal en la licitación de Plantas de Revisión Técnica en Villa Alemana-La Ligua y San Felipe Limache.
No es la primera vez que el Ministerio de Transportes se ve envuelto en un litigio en torno al funcionamiento de las Plantas de Revisión Técnica. El negocio, que depende de procesos licitatorios que decide el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ya produjo en el pasado ministros defenestrados y subsecretarios presos, producto de actos de corrupción en las adjudicaciones de las patentes respectivas.
En el presente caso, según la empresa denunciante CRISTIAN ROMERO Y CIA. LTDA, el proceso licitatorio de Plantas de Revisión Técnica (PRT) experimentó múltiples modificaciones en sus bases y ejecución, que fueron configurando un conjunto de hechos ilegales y que terminaron favoreciendo una adjudicación de dudosa legalidad en favor de uno de los oferentes, Inversiones Verosur SpA, en las plantas adjudicadas en Villa Alemana-La Ligua, y San Felipe-Limache.
Los hechos ilegales habrían consistido en la falta de participación de la Dirección de Vialidad de la región de Valparaíso, para determinar la aptitud vial de la locación de las plantas, tal como se prevé en la propia normativa del MTT; incumplimiento grave de los requisitos previstos en las bases de licitación, particularmente en la acreditación y acompañamiento de antecedentes técnicos de los oferentes; boletas de garantías presentadas fuera de plazo y localización de instalaciones de PRT en sitios incompatibles con el uso del suelo.
Según los denunciantes todo ello incluye hechos puntuales de ilegalidad como que en dos oportunidades se cambiara la composición de la Comisión de Evaluación Técnica, incluso por funcionarios que no estaban habilitados para conformarla y que se validara sin más lo actuado por la misma, previamente.
Entre las irregularidades más flagrantes estaría la falta de aptitud de las propiedades donde están ubicadas las plantas, cuyos roles y usos del suelo no permitirían la instalación de este tipo de servicios complejos, como son las PRT. Todo ello, señalan, habría facilitado una adjudicación discrecional y la eventualidad incluso de actos reñidos con la probidad que es lo que debe ahora resolver la justicia.
Requerida la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la V Región, señalaron que el proceso era completamente legal, y que la Contraloría había tomado razón de la adjudicación de las PRT.
Los antecedentes completos del hecho tienen el N° Rol/Rit: Protección-334-2023, Caratulado ROMERO/FISCO DE CHILE (CDE) de fecha 06/01/2023 20:28:25 y Número Identificador : 5-77518978-2023 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
