Un masivo operativo de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Occidente permitió la captura de Álex Vega Torres, su cónyuge y un alcaide en Punta Arenas. La indagatoria por la Operación Apocalipsis II no solo persigue redes de cohecho y lavado de activos por coimas millonarias para ingresar elementos prohibidos a las cárceles, sino que reflota la investigación por la muerte de un interno en 2018.
En el marco de la denominada Operación Apocalipsis II, un despliegue conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y Gendarmería de Chile culminó con la detención de tres personas clave dentro del circuito penitenciario. Entre los arrestados destaca Álex Antonio Vega Torres, histórico líder de la extinta Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), quien fue aprehendido junto a su cónyuge y al alcaide del IP-CRC de Punta Arenas, Juan Farías Pumero.
El procedimiento madrugador, encabezado por la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, consideró el allanamiento simultáneo de 14 propiedades repartidas en cuatro regiones del país: siete en la Región Metropolitana, cuatro en el Maule, dos en el Bío Bío y una en Magallanes. De forma paralela, los efectivos realizaron minuciosas inspecciones en los casilleros de personal dentro del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, el recién inaugurado Complejo Penitenciario La Laguna de Talca, el penal del Bío Bío y el recinto de Punta Arenas. Durante los registros domiciliarios, las policías incautaron armamento y municiones.
El negocio del cohecho y los flujos millonarios
La investigación liderada por el fiscal regional Marcos Pastén busca desarticular un esquema delictivo asentado en los recintos carcelarios para facilitar el tráfico ilegal de drogas, teléfonos celulares y otros elementos vedados a cambio de retribuciones financieras provenientes de reclusos, exinternos y bandas externas conocidas como «manillas». Esta segunda fase profundiza la hecatombe institucional iniciada en diciembre de 2025, cuando el primer operativo de la causa abarcó siete regiones y dejó 66 detenidos, incluyendo 44 funcionarios penitenciarios.
Los análisis patrimoniales y financieros desarrollados por la PDI estiman que los movimientos monetarios en las cuentas de los implicados superan los $6.300 millones de pesos en un periodo de tres años. En el caso específico de Vega, se indaga si aprovechó su cargo en la Guardia Interna y su desempeño en los módulos 19 y 20 de Santiago 1 para recibir depósitos y transferencias vinculados a la internación ilegítima de especies prohibidas. Por esta arista, el exdirigente enfrenta cargos por cohecho agravado reiterado y lavado de activos.
La pesada sombra de un homicidio en 2018
Además de las imputaciones financieras, el escenario judicial de Álex Vega se volvió aún más crítico al reabrirse un oscuro episodio ocurrido hace ocho años en Santiago 1. Se trata de la muerte de Rodolfo Muñoz Morales, un recluso de 55 años que falleció en enero de 2018 a consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano severo derivado de una agresión propinada dos días antes.
Aunque el caso había sido sobreseído sin imputados formalizados, en abril de 2026 el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la reapertura de la causa a petición de la Fiscalía Occidente, tras surgir nuevos antecedentes en medio de las diligencias de la Operación Apocalipsis. Las sospechas apuntan a que Vega, junto a otro funcionario, habría participado en la reducción violenta del interno, por lo que el Ministerio Público indaga eventuales apremios ilegítimos con resultado de muerte.
Ampliación de detención e historial controvertido
Ante el volumen de evidencias recopiladas y las diligencias pendientes en los sitios del suceso, el fiscal Pastén confirmó que solicitará al tribunal la ampliación de la detención de Vega y de su cónyuge, mientras se desarrolla el control de detención del alcaide Juan Farías.
El arresto de Vega representa un duro golpe al sindicalismo de Gendarmería, donde ejerció una marcada influencia durante años. Su historial ya arrastraba controversias administrativas, como la ocurrida en agosto de 2022, cuando fue sorprendido en un asado no autorizado en dependencias anexas a Santiago 1 en el que se hallaron sobres con ketamina, instancia donde la Contraloría terminó frenando su destitución por falta de acreditación de responsabilidad individual. Hoy, la justicia acorrala al exdirigente en una de las mayores tramas de corrupción e infracción a los derechos humanos registradas al interior del sistema penitenciario chileno.



