Tras desatar una tormenta política al afirmar que la inteligencia estadounidense vinculaba categóricamente a la izquierda con la violencia de 2019, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, debió acudir a la Cancillería para dar explicaciones formales. Durante la reunión sostenerse con el canciller Francisco Pérez, el diplomático dio un giro a sus alegaciones iniciales y reconoció que Washington no posee carpetas de investigación ni documentos propios sobre el estallido social.
El repliegue diplomático tras la reunión en Cancillería
Al término del encuentro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Judd intentó bajarle la tensión al conflicto asegurando que la embajada norteamericana no cuenta con pesquisas independientes ni envió agentes al país para indagar los hechos. «La Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación; no tenemos ningún documento en la Embajada que hable sobre el estallido en 2019», admitió el representante de la Casa Blanca.
Asimismo, el diplomático terminó por equiparar sus fuentes con los datos ya conocidos en el país, señalando que Estados Unidos simplemente posee «la misma información que sus policías tienen». Esta versión contrastó fuertemente con sus palabras expresadas horas antes en televisión, donde había garantizado la existencia de un análisis de inteligencia específico que responsabilizaba a activistas de izquierda por los disturbios.
Denuncia penal ante el Fiscal Nacional
La controversia no solo se mantuvo en el terreno de las relaciones Exteriores, sino que escaló hasta los tribunales de la mano de parlamentarios de oposición. Los diputados Daniela Serrano (PC), Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) acudieron ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, para interponer una denuncia criminal por infracciones a la Ley del Sistema de Inteligencia del Estado.
La acción judicial apunta a que de las primeras declaraciones de Judd se desprende que la inteligencia de EE.UU. habría accedido a información reservada entregada por funcionarios chilenos. La legislación local sanciona la filtración de estos antecedentes secretos con penas de presidio e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Furia en el PC y exigencias de pruebas desde la derecha
La aclaración del embajador no detuvo las duras reacciones políticas. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, tildó las intervenciones de Judd como una «intervención abierta y grosera», solicitando formalmente enviar una carta de protesta y evaluar pedir el reemplazo del diplomático por actuar como un «activista».
En tanto, desde la derecha las posiciones se dividieron entre la cautela y el respaldo al fondo de las palabras. Mientras la exsubsecretaria Katherine Martorell (RN) exigió a Judd transparentar sus fuentes de información, el senador Rodolfo Carter respaldó la idea de que los grupos violentos «de derecha no eran», argumentando que la opinión pública sospechaba este origen desde hace años.
