A casi mil días de que se presentara una querella criminal por la presunta falsificación de firmas al interior del Partido de la Gente (PDG), la fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Patricia Cerda, decidió unificar las tres causas vigentes contra la colectividad liderada por Franco Parisi e instruir la aceleración de diligencias pendientes. Entre las medidas de mayor relevancia, la persecutora ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) entregar una «cuenta urgente» sobre las pesquisas enfocadas en presunto lavado de activos y fraude de subvenciones, según reveló Mega Investiga.
La orden de «cuenta urgente» —emitida originalmente el pasado 5 de agosto— se dirige a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, unidad que en septiembre de 2025 recibió el encargo de investigar el patrimonio y antecedentes de 11 militantes y exmilitantes del partido. El origen de esta arista penal radica en declaraciones judiciales que apuntan a una supuesta quema de cartolas bancarias por parte de la exdirigencia de la colectividad. En paralelo, la Fiscalía solicitó celeridad en los peritajes a las cuentas bancarias del PDG y de su expresidente, Luis Moreno, con el objetivo de determinar si existen desvíos de fondos públicos hacia candidatos, directores o terceros.
Falsificación de firmas y la citación a un notario
La otra arista clave del caso se concentra en eventuales adulteraciones de documentos oficiales. Hasta el momento, peritajes caligráficos ya acreditaron que la firma de Marjorie Catalán, exmiembro del Tribunal Supremo del PDG, fue falsificada en el acta de proclamación del partido en 2021. Asimismo, la exdiputada Yovana Ahumada y el exvicepresidente del partido, Jorge Passadore, denunciaron que sus firmas electrónicas fueron suplantadas en el acta de una sesión de directorio que supuestamente se realizó el 27 de agosto de 2021 en Coronel, cita a la cual aseguran nunca haber asistido.
Dicho documento es de carácter crítico para los persecutores, ya que en esa reunión se acordó otorgar un poder amplio al imputado Luis Moreno y a otras tres personas para abrir y operar las cuentas corrientes del partido. Ante las denuncias de fraude instrumental, la fiscal Cerda ordenó citar a declarar en calidad de testigo al notario Juan Luis Saiz Del Campo, titular de la oficina donde se legalizó la cuestionada acta. El Ministerio Público busca establecer cómo se certificaron las rúbricas electrónicas para reducir el documento a escritura pública y qué libro de actas tuvo a la vista el ministro de fe al autorizar el trámite.
