Un reportaje exclusivo de T13 reveló la declaración de una cabo primero de Carabineros, identificada como R.H.M. (31 años), quien fue detenida por presunto cohecho en el marco de la mayor investigación por comercialización ilegal de armamento en Chile. La funcionaria, perteneciente a la 18° Comisaría de Ñuñoa, optó por no guardar silencio y detalló cómo terminó colaborando con una peligrosa red criminal que operaba mediante chats encriptados de Telegram.
Problemas económicos y nexos con prestamistas
En su testimonio ante la PDI, la uniformada aseguró que su involucramiento no se debió a una alianza criminal deliberada, sino a una crisis financiera personal. «No me encuentro vinculada a ninguna organización criminal de tráfico ni otros delitos asociados«, sostuvo la imputada, agregando que «si en oportunidades hice consultas por diferentes sujetos sólo fue porque me encontraba pasando por problemas económicos graves. Incluso me declaré en quiebra«.
El vínculo se habría gestado a finales de 2023, cuando contactó a un prestamista informal de nacionalidad japonesa, identificado como G.T.B., para costear el cambio de un departamento. Según su relato, «me comentan que G.T.B. era prestamista de dinero» y este «me entregó $300 mil en efectivo y el resto en transferencias de manera segmentada hasta completar la cifra total» de un millón de pesos. Sin embargo, los altos intereses la llevaron a una situación de asfixia económica.
Venta de información reservada y extorsión
Para saldar sus deudas, la carabinera comenzó a utilizar el sistema institucional SICPOL para realizar consultas sobre sujetos que el prestamista le solicitaba, cobrando «un monto entre $9.000 a $20.000» por cada reporte o pantallazo. La investigación estableció que este facilitador de recursos informales le pagó más de $300 mil por información reservada.
La cabo primero relató que, al retrasarse en los pagos, fue víctima de fuertes presiones: «El sujeto me increpó de manera violenta, amenazándome en reiteradas oportunidades de forma verbal«. Incluso, mencionó que envió cobradores a su domicilio, lo que la obligó a seguir pagando por temor. «Ahora, bien quiero hacer presente que junto a mi pareja decidimos pagarle el dinero por miedo«, confesó ante los detectives.
Un líder japonés prófugo Los antecedentes de la PDI, obtenidos mediante agentes encubiertos, identificaron al prestamista japonés como una pieza clave en el tráfico de armas. El sujeto, que utilizaba a un subordinado apodado “El Hampa” como anillo de seguridad, cuenta con un amplio prontuario delictual desde 2017 por delitos como asalto y porte de arma blanca. Actualmente, tras no ser capturado en la “Operación 3D”, el ciudadano extranjero se encuentra en calidad de prófugo de la justicia.
