El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), manifestó sus reparos ante el reciente dictamen de la Contraloría General de la República que concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, actuó de manera ilegal. El órgano fiscalizador determinó que la exsecretaria de Estado excedió sus facultades al solicitar a la PDI antecedentes sobre funcionarios involucrados en una investigación penal vigente, incumpliendo además su deber de abstención por su vínculo previo como fiscal en la zona de la indagatoria.
¿Extralimitación de funciones?
Alessandri puso el foco en el alcance del pronunciamiento emitido por la entidad que encabeza Dorothy Pérez, señalando que la Contraloría está dando una «opinión sobre una persona de confianza política». El legislador reveló que, tras consultar con abogados expertos en derecho administrativo, existe la percepción de que el organismo podría estar pasándose de sus atribuciones, marcando un precedente que no se había visto anteriormente en el país.
Defensa del poder político electo
Si bien valoró el trabajo de la Contraloría en la detección de fraudes, el diputado fue enfático en recordar que el poder político reside en los ciudadanos electos, es decir, en el Congreso y el Presidente de la República. En esa línea, sostuvo que mientras el mandatario tiene la facultad de nombrar a sus ministros, el rol del ente contralor debe limitarse a velar por la legalidad de los actos y el buen uso de los recursos públicos.
Sin espacio para sanciones parlamentarias Pese a que diversos sectores de la oposición evalúan impulsar una comisión investigadora o incluso una acusación constitucional contra Steinert, el presidente de la Cámara descartó de plano la viabilidad de estas medidas. Al ser consultado por el avance de dichas iniciativas en el Congreso, Alessandri fue tajante al asegurar que «no hay tiempo para eso».
