La justicia acogió a trámite una demanda civil de indemnización de perjuicios por 30 mil millones de pesos en contra del Fisco de Chile en que habría incurrido el Ministerio Publico, “constitutivas de errores graves e injustificados, equivalentes a una falta de servicio en el desempeño de sus funciones”, según el escrito presentado por el empresario minero Francisco Lourenco.
El libelo, que se tramita en el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, relata la conducta del ente persecutor contra el ingeniero de origen australiano, quien fue detenido en el aeropuerto de Santiago cuando se disponía a viajar a Estados Unidos en septiembre de 2016.
Entonces, de acuerdo al relato de la demanda, el fiscal de Santiago Oriente a cargo de la investigación -hasta entonces desformalizada- omitió información a un juez de la República para obtener una orden de detención y, tras ello, imputarle delitos que Lourenco nunca cometió, lo que llevó, finalmente, mucho tiempo después, a que el Cuarto Juzgado el Crimen lo sobreseyera definitivamente sin encontrar motivos para seguir adelante en el proceso.
Antes, prosigue, Lourenco estuvo en prisión preventiva 5 meses, desde el 17 de septiembre de 2016 y, en definitiva, debió mantenerse sujeto al proceso durante largos 8 años, lo que le provocó graves daños emocionales y económicos que lo llevaron a demandar al Fisco para solicitar la reparación de tales perjuicios.
El abogado patrocinante, Alex Carocca, precisó en su demanda que “la actuación indebida se produjo por la actuación del Fiscal Roberto Contreras en ese momento a cargo de la causa, que el día 16 de septiembre de 2016 omite información relevante al juez de turno para conseguir que este despache una orden de detención en contra del afectado, Francisco Lourenco, asegurando que quería huir de Chile, omitiendo que éste poco antes había ido a la propia oficina del mismo fiscal a avisarle que saldría al extranjero. A ello, agregó al mismo magistrado que Lourenco portaba tres pasaportes, lo que sería parte de la maniobra para conseguir huir al extranjero por la causa penal abierta en Chile que le seguía el referido fiscal, omitiendo que sabía que esa pluralidad de documentos se debe a sus diferentes nacionalidades y que ello no era obstáculo para ser individualizado; y, por último, le aseguró al mismo juez que tuvo conocimiento de que se encontraba en el aeropuerto, porque así se lo informaron funcionarios policiales en un alerta totalmente ilegal que mantenía al efecto”.
“De esa forma”, agrega el abogado, “Contreras consiguió la orden judicial de detención, para legitimar lo que de facto ya la había ejecutado al margen del ordenamiento jurídico, al ordenar a la PDI -fuera de los casos previstos en la Ley-, retenerlo en el aeropuerto de Santiago, impidiéndole abordar su vuelo. Así consiguió entonces esta espuria orden de detención, aunque, ya Lourenco –de modo ilegal-, había sido privado de libertad por la policía. Además, el Ministerio Público dio profusa publicidad en los medios de comunicación, de “su exitosa gestión”, logrando que la noticia de la detención de “un australiano estafador que estaba huyendo del país” fuera exhibida, conducido por dos funcionarios policiales, mostrando su rostro, en los noticiarios de televisión aquel día y replicada posteriormente por medios escritos”.
“Luego, al día siguiente, 17 de septiembre de 2016, el fiscal consiguió la cautelar de prisión preventiva, tras una formalización de dos hechos presuntamente constitutivos de estafa, que en realidad eran disputas comerciales y civiles, en la que cada una de las aseveraciones que efectuó, respecto a los hechos para darle connotación penal, eran falsas, lo mismo que otras que se formalizaron después, incluso para mantener abierta la causa”, aseguró Carocca.
Las razones de la demanda civil y los montos
El abogado afirmó que Lourenco “se ha visto forzado a recurrir ante la justicia, porque en un país que se pretende abierto a la inversión internacional, tales errores no pueden quedar sin reparación, más aún que, en este caso, los perjuicios se han ido acrecentando con el tiempo, ya que son muchas las oportunidades en que se ha visto impedido de concretar grandes negocios y proyectos tanto por empresas chilenas como extranjeras. Se trata de un reconocido ingeniero, que ha sido requerido por su prestigio y calidad técnica, pero al momento de formalizar y/o suscribir los contratos, aparece como antecedente que estuvo sujeto a ese procedimiento penal, y a pesar de sus explicaciones, las respectivas áreas legales le han impedido seguir adelante, perdiendo cuantiosas sumas de dinero e incluso trabajo previo de preparación de proyectos que finalmente no se han podido concretar, porque los archivos digitales no se borran”.
“Estamos pidiendo que se condene al Fisco de Chile a indemnizar todos los perjuicios causados a don Francisco Lourenco, a consecuencia de la referida actuación, montos acorde a su prestigio y actividades, ascendente a $ 15.000.000.000 (quince mil millones de pesos), por daño emergente; a la cantidad de $10.000.000.000 (diez mil millones de pesos), por lucro cesante; y a la suma de $ 5.000.000.000 (cinco mil millones de pesos), por daño moral; o a las sumas mayores o menores que en cada rubro el tribunal determine, conforme al méritos de autos”, concluyó el abogado.
