La Confederación Unión Portuaria de Chile ha convocado a una paralización nacional indefinida que comenzará a partir del primer turno de este jueves 18 de junio. La medida responde a lo que el gremio describe como reiterados incumplimientos por parte del Ejecutivo respecto a acuerdos suscritos desde septiembre de 2012. La movilización afectará a todos los terminales del país, desde Arica hasta Punta Arenas, e involucra a todos los sindicatos agrupados en la confederación.
El principal motivo del descontento radica en el retraso del pago de pensiones de gracia para extrabajadores del sector y sus viudas, así como en la demora en la firma y publicación de decretos comprometidos por el Estado. A través de un comunicado oficial, los dirigentes aseguraron que «la paciencia se agotó» y acusaron al Gobierno de borrar «con el codo» lo que fue firmado «con la mano». Asimismo, criticaron la falta de plazos concretos e implementación, calificando las instancias de diálogo previas como «reuniones vacías».
Desde el Ejecutivo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se reunió en mayo pasado con representantes del sector para revisar la situación de pensiones revocadas de manera unilateral, aunque los trabajadores denuncian que dichos compromisos no se han traducido en acciones materiales. Por su parte, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que las conversaciones están siendo encabezadas por el Ministerio del Interior y manifestó su confianza en que se logre una solución que evite la paralización de actividades esenciales para el país.
Hasta el momento, el Ministerio del Trabajo no ha emitido una declaración oficial ante el anuncio de la movilización. En tanto, desde el ámbito local en Valparaíso, el concejal Leonardo Contreras (RN) reconoció la legitimidad de las demandas, pero expresó su preocupación por el impacto que la presión sindical pueda tener en el funcionamiento estratégico del comercio exterior. La organización se mantiene en estado de alerta, advirtiendo que responderán de manera unida ante cualquier incumplimiento adicional por parte de las autoridades.
