La reciente caída de una estructura financiera vinculada al Tren de Aragua debería encender todas las alarmas del país. No sólo por la magnitud de los delitos investigados —extorsión, trata de personas, secuestros y narcotráfico— sino porque la investigación reveló algo aún más inquietante: el crimen organizado no está operando fuera del sistema financiero. Está operando dentro de él.
La Fiscalía estima que la organización movió cerca de US$85 millones provenientes de actividades criminales. Entre los detenidos figura un ejecutivo de Banco Santander. Sin embargo, el fiscal Héctor Barros aclaró que la operación no se realizaba exclusivamente a través de esa entidad, sino mediante múltiples cuentas en distintos bancos, empresas de papel y mecanismos asociados a criptomonedas.
El problema, por tanto, no es un banco en particular. El problema es que el sistema completo parece haber sido incapaz de detectar oportunamente una operación de esta magnitud.
Y no es la primera vez.
Hace pocos meses, la Fiscalía de Tarapacá, la PDI y organismos internacionales desbarataron en Iquique una organización integrada por ciudadanos chinos, chilenos y otras nacionalidades que habría lavado más de US$200 millones provenientes de estafas internacionales. La estructura utilizaba sociedades comerciales, operaciones ligadas a ZOFRI y mecanismos financieros instalados en Chile para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos ilícitamente.
Dos casos distintos. Dos organizaciones distintas. Un mismo patrón.
Millones de dólares circulando por el sistema financiero formal sin que las alertas parezcan haber funcionado de manera eficaz.
Por eso la pregunta formulada por el exfiscal Carlos Gajardo resulta tan incómoda como necesaria: ¿por qué los bancos no reportaron estas operaciones? Gajardo ha señalado públicamente que, pese a la magnitud del caso, ningún banco ha sido multado y que las sanciones existentes por incumplimientos relacionados con reportes de operaciones sospechosas son tan bajas que resultan prácticamente irrelevantes para instituciones financieras de gran tamaño.
Si ello es así, el problema ya no es únicamente criminal. También es regulatorio.
Más aún, el propio Gajardo advirtió que si durante la investigación del quíntuple homicidio de Lampa no hubiera aparecido fortuitamente evidencia clave en un teléfono celular, probablemente esta estructura financiera jamás habría sido descubierta. Si una organización capaz de mover decenas de millones de dólares sólo es detectada por un hallazgo accidental en una investigación de homicidios, entonces es legítimo preguntarse si los mecanismos preventivos realmente están cumpliendo su función.
En este contexto resulta imposible no examinar el desempeño de la Comisión para el Mercado Financiero. La CMF existe precisamente para supervisar el sistema financiero, prevenir abusos, detectar riesgos y asegurar que las instituciones bajo su control cumplan eficazmente las normas destinadas a combatir el lavado de activos.
Sin embargo, los hechos conocidos muestran una realidad inquietante. Primero una organización criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua habría logrado mover cerca de US$85 millones utilizando múltiples cuentas bancarias, empresas de papel y mecanismos financieros complejos. Luego aparece una red internacional en Iquique que habría lavado más de US$200 millones. En ambos casos, la detección no parece haber provenido de los mecanismos preventivos del sistema financiero, sino de investigaciones criminales desarrolladas por fiscales y policías.
La pregunta es inevitable: ¿para qué existe un sistema de supervisión financiera si operaciones de esta magnitud logran desarrollarse durante años sin ser detectadas oportunamente?
La CMF suele reaccionar una vez que los escándalos ya son públicos, cuando las investigaciones ya están avanzadas y cuando los recursos ilícitos ya circularon por el sistema. Pero la función de un regulador no es llegar después. Su función es prevenir.
Mientras todo esto ocurre, el Senado fue incapaz de aprobar una norma destinada a facilitar el acceso a información bancaria para investigaciones de crimen organizado y lavado de activos. La iniciativa terminó empatada y quedó pendiente. Entre quienes votaron en contra estuvo la senadora Camila Flores, quien además enfrenta una investigación por presunto fraude al fisco. Jurídicamente ambos asuntos son independientes y toda persona mantiene la presunción de inocencia. Pero políticamente la señal resulta difícil de ignorar: mientras las mafias perfeccionan sus mecanismos para ocultar dinero, una parte del sistema político sigue resistiéndose a fortalecer las herramientas para seguir su rastro.
A ello se suma otra contradicción preocupante. El Servicio de Impuestos Internos ha avanzado en mecanismos destinados a gravar con IVA a las plataformas de apuestas en línea, pese a que la situación jurídica de muchas de ellas continúa siendo objeto de controversias y litigios judiciales. El SII depende administrativamente del Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Jorge Quiroz, quien defendió la medida señalando que el Estado tiene el deber de recaudar todos los tributos establecidos por la ley y que ello no implica validar ni legalizar esta actividad.
La explicación es jurídicamente atendible. Pero el debate de fondo sigue siendo institucional. Porque un Estado serio no sólo debe preocuparse de recaudar, sino también de asegurar la legalidad, la trazabilidad y el control efectivo de los flujos económicos sobre los cuales pretende cobrar impuestos. De lo contrario, corre el riesgo de transmitir una señal equivocada: que el problema principal no es el origen del dinero, sino si ese dinero paga impuestos.
La señal que recibe la ciudadanía es inquietante. Por un lado, se descubren estructuras criminales internacionales que lavan cientos de millones de dólares utilizando mecanismos financieros formales. Por otro, los organismos encargados de controlar esos movimientos parecen reaccionar tarde, las sanciones parecen insuficientes y las herramientas de investigación continúan enfrentando resistencia política.
El crimen organizado moderno no depende principalmente de las armas. Depende del dinero.
Y mientras Chile no sea capaz de seguir eficazmente la ruta del dinero, continuará llegando tarde a la verdadera batalla.
Viendo cómo funcionan algunas instituciones, sólo queda esperar que mañana no nos informen que el Tren de Aragua ya obtuvo RUT, inició actividades ante el SII, contrató una oficina de lobby y se sumó al debate de la megarreforma tributaria para pedir que le rebajen el impuesto corporativo del 27% al 23%.
La ironía parece absurda. Pero también habría parecido absurda la idea de que organizaciones criminales internacionales podrían mover cientos de millones de dólares a través del sistema financiero chileno, utilizando bancos, empresas de papel, criptomonedas y complejas estructuras de lavado sin ser detectadas oportunamente.
Porque cuando el Estado es incapaz de seguir la ruta del dinero, cuando los organismos de control no detectan las operaciones, cuando las sanciones son insuficientes, cuando se bloquean herramientas para investigar el patrimonio de las mafias y cuando la preocupación parece centrarse más en recaudar que en fiscalizar, el crimen organizado encuentra exactamente el terreno que necesita para prosperar.
Y cuando eso ocurre, el problema ya no es el crimen organizado.
El problema es el Estado.
