La bancada de diputados de la UDI endureció su ofensiva contra el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. A través de una carta enviada este viernes al Presidente José Antonio Kast, los parlamentarios gremialistas solicitaron formalmente que el Mandatario active sus facultades constitucionales para buscar la destitución del juez, cuestionando su integridad tras detectarse viajes al extranjero mientras se encontraba bajo reposo médico.
Viajes bajo sospecha e «impunidad» El requerimiento se fundamenta en dos salidas del país realizadas por Urrutia: una a Costa Rica en enero de 2020 y otra a Ecuador en junio de 2022, ambas concretadas durante periodos en que el juez mantenía vigentes licencias médicas psiquiátricas.
Para los legisladores, este hecho representa una vulneración grave al deber de mantener un «buen comportamiento», requisito esencial para la permanencia en el Poder Judicial. En la misiva, los diputados contrastaron la situación del magistrado con la de otros funcionarios públicos que han enfrentado sumarios e investigaciones penales por conductas similares, tildando de «impunidad» que Urrutia no haya recibido sanciones administrativas luego de que la Corte de Apelaciones absolviera los cargos por encontrarse prescritos.
La facultad del Artículo 80 La solicitud apela directamente al inciso tercero del artículo 80 de la Constitución, el cual faculta al Presidente de la República para requerir a la Corte Suprema que declare el mal comportamiento de un juez y acuerde su remoción. Según el documento al que tuvo acceso la prensa, la UDI argumenta que el actuar de Urrutia fue una falta de prudencia evidente al incumplir el reposo obligatorio sin una recomendación médica que justificara tratamientos fuera del territorio nacional.
Contexto de alta tensión judicial Esta nueva arremetida contra el magistrado se da en un momento complejo: Urrutia es el juez que actualmente lidera la causa contra el exdiputado Joaquín Lavín León (ex-UDI), quien se encuentra en prisión preventiva.
Asimismo, la colectividad recordó que esta no es la primera vez que cuestionan al magistrado. En febrero de 2024, ya habían solicitado su suspensión tras la polémica autorización de videollamadas y visitas para reos de alta peligrosidad en cárceles de máxima seguridad, lo que para la bancada gremialista refuerza un historial de conductas reprochables que comprometen la fe pública en la administración de justicia.
