La formalización del exdiputado Joaquín Lavín León entró en su fase más crítica este martes 5 de mayo, con el Ministerio Público solicitando la medida cautelar de prisión preventiva. Tras una extensa primera jornada de imputación de cargos, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente detalló una presunta estructura orientada al desvío de recursos del Congreso para fines proselitistas, cifrando el perjuicio total al patrimonio público en al menos $177.410.048.
El financiamiento de «SocialTazk» y facturas falsas Uno de los pilares de la investigación es la plataforma digital «SocialTazk», descrita como una herramienta para gestionar bases de datos electorales y enviar mensajería masiva con fines políticos. Según la fiscalía, este proyecto fue financiado casi íntegramente con recursos del Congreso —mediante 186 facturas y contratos a honorarios que suman cerca de $108 millones— a pesar de no tener un uso institucional legislativo.
A este esquema se añade el uso de facturas ideológicamente falsas emitidas por la empresa Imprenta MMG entre 2015 y 2022. El Ministerio Público sostiene que se instruyó modificar las glosas de estos documentos para que figuraran como gastos de «cuentas públicas» u operacionales, cuando en realidad cubrían deudas de campañas proselitistas o servicios personales.
Tráfico de influencias y despidos en Maipú La indagatoria también profundizó en la influencia que Lavín León habría ejercido en la Municipalidad de Maipú durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga. Según los antecedentes expuestos, el exdiputado habría incidido en contrataciones y desvinculaciones masivas; de hecho, se reveló que más de 400 funcionarios a honorarios y contrata no habrían sido renovados por instrucción directa del entonces parlamentario para instalar a personas afines a su proyecto político.
La defensa: «Es una causa creada» Pese a la gravedad de las imputaciones, Joaquín Lavín León manifestó estar «muy tranquilo», asegurando que el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo por «crear una causa» y «crear delitos» inexistentes. Su abogado defensor, Cristóbal Bonacic, argumentó que las conductas cuestionadas corresponden a «errores administrativos» o criterios interpretativos sobre el uso de asignaciones parlamentarias, descartando cualquier tipo de dolo o estructura fraudulenta.
La audiencia de este martes definirá si el tribunal acoge la petición de prisión preventiva de la fiscalía o si opta por cautelares de menor intensidad, como el arresto domiciliario que solicita su defensa.
