La decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de detener la expropiación de la antigua Colonia Dignidad ha trasladado un conflicto de derechos humanos al terreno de la diplomacia internacional. El ministro Iván Poduje confirmó que el proceso —iniciado por la administración de Gabriel Boric para convertir el enclave en un sitio de memoria— quedó «en pausa» debido a una restricción presupuestaria crítica que afecta al 97% de los recursos de la cartera para 2026.
Un enclave marcado por el horror Ubicada en la comuna de Parral, la actual Villa Baviera fue fundada en 1961 por el exnazi Paul Schäfer, quien estableció un régimen de hermetismo y vigilancia donde se cometieron abusos sexuales y torturas contra los propios colonos. Tras el golpe de Estado de 1973, el recinto se transformó en un centro clandestino de detención y desaparición de opositores políticos, consolidándose como uno de los símbolos más oscuros de la represión en Chile.
En entrevistas concedidas a La Tercera y otros medios, el ministro Poduje argumentó que la expropiación de la zona urbana del enclave tendría un costo cercano a los $47 mil millones, recursos que, a su juicio, deben priorizarse para resolver el déficit habitacional y mejorar barrios vulnerables.
El factor diplomático: el compromiso con Berlín Más allá de la discusión interna, la paralización del proyecto amenaza con abrir una crisis con el gobierno de Alemania. Berlín no solo ha manifestado su apoyo explícito a la creación de un sitio de memoria, sino que en 2024 el canciller alemán reafirmó su respaldo técnico y financiero para construir un centro de archivo y documentación en el lugar.
El problema diplomático radica en que el proceso de expropiación responde a las recomendaciones de la Comisión Mixta Chile-Alemania, creada específicamente para abordar la reparación de las víctimas. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, reconoció que el caso de Villa Baviera involucra el «incumplimiento de algún compromiso internacional» que el Estado chileno debe observar, admitiendo que el Ejecutivo no tiene interés en desatender sus obligaciones externas a pesar de la estrechez financiera.
Derechos humanos en la balanza Mientras el Gobierno de José Antonio Kast defiende que su prioridad son los «derechos humanos de los vecinos que viven hacinados», organizaciones de víctimas y exministros han calificado la medida de «incomprensible». La entrega de los terrenos al fisco buscaba garantizar el acceso público y la preservación de la memoria histórica. Al quedar el decreto de expropiación en suspenso, el Estado chileno se enfrenta al desafío de equilibrar su agenda de austeridad económica con la credibilidad internacional y la responsabilidad moral de un sitio que Alemania ya considera un capítulo negro de su propia historia diplomática.
