A menos de 48 horas de haber asumido su cargo, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, inició una ofensiva administrativa que hoy mantiene en vilo la relación entre el poder político y la policía civil. Lo que oficialmente se presentó como un paso a retiro de la jefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, esconde un trasfondo de tensiones que se remontan a investigaciones de crimen organizado en el norte del país.
El oficio de la discordia El pasado 13 de marzo, Steinert firmó un oficio reservado dirigido al director general de la PDI, Eduardo Cerna. El documento, que contenía errores de forma al usar nomenclaturas propias de Carabineros, solicitaba antecedentes inusualmente detallados sobre los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos (BRIANCO) de Tarapacá que trabajaron en el caso “Clan Chen”.
Este requerimiento no es casual: se trata de la misma estructura criminal de origen chino que la propia Steinert persiguió en su etapa como fiscal regional de Tarapacá. La ministra no solo pidió identificar a los efectivos, sino también conocer los fundamentos de sus traslados y sus actuales destinos, lo que ha sido interpretado internamente como una revisión de las decisiones operativas tomadas por la policía mientras ella lideraba la causa penal.
Una salida bajo presión La salida de la prefecta general Consuelo Peña se concretó el sábado 21 de marzo, luego de una solicitud directa de la ministra que buscaba ejecutarse de forma inmediata. Sin embargo, la comunicación se retrasó debido a que Peña se encontraba en terreno liderando operativos críticos en el Cerro Chuño de Arica, una de las zonas con mayor presencia de redes transnacionales de narcotráfico.
Fuentes de la institución sugieren que los días de Peña estaban contados desde la llegada de Steinert al gabinete. Las versiones de una “pasada de cuenta” cobran fuerza debido a la molestia que habría generado en la hoy ministra el alejamiento previo de un funcionario cercano a ella durante la investigación del Clan Chen, según consigna Biobio.cl
Más allá del deber político La controversia escala ante antecedentes que sugieren un interés personal de la autoridad en asuntos privados de la exjefa policial. Se reporta que Steinert habría intentado acceder a información sobre una causa judicial de 2025 que involucraba a un familiar directo de Peña, a pesar de que la ley que creó el Ministerio de Seguridad establece límites estrictos para que las autoridades políticas accedan a investigaciones penales en curso.
Mientras la PDI oficializa a Ricardo Gatica como nuevo subdirector y agradece los servicios de Peña, el mundo político exige transparencia sobre los verdaderos motivos de esta remoción. Lo que está en juego no es solo un cargo de alta confianza, sino la autonomía técnica de la inteligencia policial frente a las dinámicas de poder de quienes, habiendo sido fiscales, hoy manejan las riendas de la seguridad nacional.
