Lo que comenzó como una auditoría de rutina de la Contraloría General de la República se ha transformado en uno de los golpes más contundentes contra la ética en el aparato estatal. Este lunes, la Fiscalía Metropolitana Oriente inició la formalización de un primer grupo de 49 personas, de un total de 359 funcionarios públicos acusados de montar una estructura de bienestar personal financiada por el sistema de salud.
El síntoma de una enfermedad ética Más allá de las cifras judiciales, el caso revela una desconexión alarmante entre la función pública y la probidad. Los antecedentes recopilados entre 2023 y 2024 exponen una realidad difícil de justificar: mientras miles de ciudadanos esperan atención médica, más de 25.000 funcionarios salieron del país y otros 13.000 asistieron a casinos mientras se encontraban bajo supuestos periodos de reposo.
Este no es solo un caso de «viveza» individual, sino una red que permitió que el descanso médico se convirtiera en un pasaporte para viajes al extranjero y apuestas en salas de juego.
La industria de las licencias «a la carta» La investigación no solo apunta a quienes compraron los documentos, sino a la maquinaria que los facilitó. El Ministerio Público ha puesto bajo la lupa a médicos identificados como grandes emisores y a tres centros de salud específicos que habrían operado como fábricas de licencias sin atenciones reales: Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios.
El perjuicio no es solo administrativo, sino que golpea directamente las arcas de Fonasa, configurando delitos de obtención de licencias médicas falsas y fraude de subvenciones.
Un proceso de largo aliento La audiencia de este lunes es solo el inicio de un cronograma que contempla al menos seis audiencias para procesar a todos los implicados. El impacto ya se siente en los gobiernos locales; comunas como Lo Espejo ya han procedido al despido de 40 funcionarios tras detectar su participación en estas prácticas.
Lo que la justicia determinará en los próximos meses es si el sistema público tiene los anticuerpos necesarios para erradicar una cultura donde la licencia médica dejó de ser un derecho de salud para transformarse en una herramienta de corrupción institucional.
