La caída en desgracia de Manuel Guerra, el otrora poderoso jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, ha entrado en una fase de hostilidad abierta entre los perseguidores y la defensa. Lo que inicialmente se perfilaba como una salida negociada hacia un arresto domiciliario total se transformó, en la cuarta jornada de su formalización, en una ofensiva del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para dejarlo tras las rejas bajo prisión preventiva.
La fragilidad de un acuerdo político-judicial El caso, derivado de las esquirlas del «caso Hermosilla», enfrenta a Guerra a cargos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto. Según los antecedentes, existía un pacto previo entre el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, y la defensa de Guerra: si el imputado renunciaba a discutir las pruebas y se allanaba a la investigación, el Ministerio Público no pediría la cárcel.
Sin embargo, el equilibrio se rompió cuando Guerra decidió hacer uso de su derecho a declarar. Para la fiscalía, este testimonio incumplió los términos pactados, al invocar antecedentes que se habían acordado omitir, lo que facultó al persecutor Carrera a endurecer su postura y solicitar la cautelar más gravosa.
Acusaciones de «debilidad» y lealtad en duda La respuesta de la defensa no se hizo esperar, inyectando una dosis de sospecha sobre la solidez de la carpeta investigativa. El abogado de Guerra, Christian Martin, acusó a Carrera de ser él quien buscó el acuerdo original debido a las supuestas «debilidades de la causa», con la intención de cerrar el proceso mediante un juicio abreviado y una pena en libertad.
Desde la vereda del defensor, el cambio de opinión de la fiscalía es visto como una represalia emocional —un «enojo»— porque Guerra ejerció su defensa activa en la audiencia, lo que consideran un acto de deslealtad procesal por parte del Ministerio Público.
Un símbolo del peligro para la sociedad Más allá de las rencillas reglamentarias, el argumento del CDE para exigir la prisión es de orden simbólico y sistémico: Guerra representa hoy un peligro para la seguridad de la sociedad. Al haber ocupado un cargo fundamental en la persecución del delito, su presunta implicación en una red de favores y secretos no solo es un caso penal, sino un golpe a la confianza en la institución que él mismo dirigió.
Con la mesa de negociaciones hecha trizas, el futuro del exfiscal queda ahora en manos del tribunal, en un escenario donde la justicia parece haber dejado de lado los consensos de pasillo para medirse en el rigor de las rejas.
