A casi un año de la tragedia que enlutó a la pesca artesanal frente a la isla Santa María, la justicia chilena se prepara para resolver si el hundimiento de la lancha Bruma fue un trágico error de navegación o un acto criminal. La formalización ante el Juzgado de Garantía de Coronel marca un punto de quiebre en una investigación que ha mantenido en vilo a las familias de los siete pescadores fallecidos y desaparecidos.
La delgada línea entre el descuido y el dolo El Ministerio Público ha decidido imputar al capitán de la embarcación Cobra, Roberto Mansilla, junto a un piloto y un vigía, bajo la figura de cuasidelito de homicidio. Sin embargo, el centro del debate jurídico en esta audiencia reside en la ofensiva de los querellantes; el abogado Rafael Poblete busca elevar la calificación a homicidio, argumentando que los antecedentes recopilados sugieren una responsabilidad mayor y una posible obstrucción a la investigación.
Audios que hablan en el silencio del mar La reciente revelación de registros sonoros donde los tripulantes del Cobra —nave perteneciente a la empresa Blumar— admitirían el impacto con la frase «chocamos esa lanchita», ha cambiado la percepción del caso. Mientras que para la defensa, liderada por Alejandro Espinoza, estos archivos son «antecedentes ya conocidos» que no alteran la tesis de inocencia, para las familias representan la prueba de que los acusados supieron desde el primer segundo lo que había ocurrido en alta mar.
Una oportunidad para la defensa Lejos de ver la formalización como una condena anticipada, la representación de los tripulantes apuesta a que este proceso sea la instancia definitiva para presentar pruebas que los eximan de culpa. El tribunal ahora tiene la misión de determinar si los tres acusados actuaron con negligencia inexcusable o si el comportamiento posterior al impacto configura un escenario de criminalidad que la justicia no puede pasar por alto.
