A pocos días del cambio de mando, el gabinete de José Antonio Kast enfrenta su primera tormenta política. La mira está puesta en el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, debido a su vinculación indirecta con China Mobile International, la empresa asiática que compite por la concesión del estratégico cable submarino de fibra óptica que uniría Chile con Asia.
Según un reporte detallado por T13, la firma china fijó su domicilio legal en nuestro país bajo la misma dirección del prestigioso estudio jurídico Barros & Errázuriz, del cual Barros es fundador. Esta revelación surge en un momento de alta sensibilidad internacional, considerando que el Gobierno de Estados Unidos ha manifestado serias dudas sobre este proyecto, llegando a revocar visas a actuales funcionarios y alertar sobre supuestos “intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía».
Desde el equipo del presidente electo salieron rápidamente a blindar al futuro secretario de Estado. Fue Claudio Alvarado, quien asumirá el Ministerio del Interior, quien calificó el vínculo como “solo un número” en conversación con Tele13 Radio. Alvarado explicó que prestar el domicilio para la constitución de una sociedad es una “norma habitual” en el mundo legal y que, por ende, “ahí no hay nada que signifique un conflicto de intereses”.
El futuro jefe de gabinete enfatizó que, si bien el estudio prestó servicios iniciales para la constitución de la empresa, posteriormente “no siguieron prestando asesorías y no profundizaron esa relación comercial”. Insistió en que, en la práctica, se trata “solamente de una calle, un número que se fija” para fines administrativos ante organismos como el Servicio de Impuestos Internos.
La polémica se da en el marco del llamado «Cablegate», un conflicto que mantiene en tensión la relación diplomática con Washington. La situación pone a la futura administración en una encrucijada sobre cómo gestionará la influencia de Beijing en la infraestructura crítica del país frente a las advertencias de seguridad del hemisferio.
